¿Quién paga los platos rotos?
Pasada la crisis inicial, la de opinión pública, atajada por el gobernador con el video donde ofrece disculpas a los ciudadanos y reconoce los errores, lo que sigue es asumir el costo político, que no es otra cosa que decidir quién o quiénes deberán dejar su cargo por lo sucedido el domingo.
Después del posicionamiento de la Presidenta Sheinbaum, en el que habló no solo de represión, sino de tortura a los detenidos, sirve de muy poco decir que ya se procesó a dos policías por su mala actuación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos va a investigar el caso y poca duda hay de que se va a usar políticamente. Nos puede gustar o no la gestión que ha hecho Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH, eso da igual; lo que debe tener claro el Gobierno de Jalisco es que entre más se resista y más tarde en tomar decisiones, mayor será el costo político y más lo va a capitalizar Morena de cara a las elecciones.
No hay manera de perder solo peones tras este error. El gobernador tiene que sacrificar piezas de mayor valor y la pregunta es si basta una torre o un caballo o si es mejor sacrificar de entrada un alfil. Dicho en otras palabras, no van a solucionar el problema político procesando policías que, si efectivamente hicieron uso excesivo de la violencia y, sobre todo, si torturaron a los jóvenes detenidos, tendrán que ser juzgados por ello. La pregunta sigue siendo quién dio la orden, quién fue el encargado de preparar el operativo y, sobre todo, quién tuvo la magnífica idea primero de llevar a los bomberos para disparar chorros de agua y encima gasear a los manifestantes.
Juan González Castañeda, el comisario de la Policía Estatal, es, en principio, el responsable directo del fallido operativo. Él, sin embargo, tampoco se manda solo, o si lo hizo, hay que dejarlo muy claro. El comisario depende del secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández González, y este, a su vez, del coordinador del gabinete de Seguridad y hombre de las confianzas del gobernador en esta área, Roberto Alarcón Estrada, quien ha acompañado a Lemus desde 2015, cuando se convirtió en alcalde de Zapopan.
La oposición está pidiendo la cabeza del secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández. Aunque se trataría de una baja sensible para la administración (el secretario de Seguridad Pública es uno de los puestos más complicados de reclutar para cualquier gabinete), hoy pareciera un precio relativamente bajo a pagar.
Bajó la presión mediática, ahora sigue decidir quién pagará los platos rotos que, por cierto, conforme avanzan los días, va quedando claro que rompieron toda la vajilla.