La desaparecida política de desaparecidos
El gobernador Pablo Lemus comenzó su gestión poniendo el tema de las y los desaparecidos en el centro de su política pública. Fue una toma de distancia ante la indolencia con la que el exgobernador Alfaro trató el tema, y también una esperanza para miles de familias jaliscienses que buscan a un familiar. Año y medio después, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas está desaparecida y el compromiso del gobierno, diluido.
En los últimos días, dos eventos profundizaron la crisis de desaparición en el Estado.
El primero fue la localización del cuerpo de una persona desaparecida en las instalaciones del Servicio Médico Forense, el Semefo, diez años después. Los familiares buscaron desesperadamente durante una década por todos los rincones del país un cuerpo que estaba en las instalaciones de una dependencia del Estado, enterrado en la burocracia. Eso provocó la ira y desesperación de los grupos de madres buscadoras, que intentaron entrar a la fuerza a las instalaciones que, sospechan, se han convertido en una gran fosa clandestina. Cientos de cuerpos enterrados en la incapacidad física y la insuficiencia presupuestal.
El segundo fue el hallazgo, por el grupo Madres Buscadoras de Jalisco, de un predio en Lagos de Moreno en el que encontraron hornos y restos de huesos que todas las evidencias indican que podrían ser humanos. La noticia no generó el revuelo del Rancho Izaguirre porque no hay una imagen que la sintetice, pero es igual de grave y solo confirma la existencia de este tipo de centros de reclutamiento y exterminio en territorio jalisciense. Ninguno de los dos casos fue atendido por la secretaría formada por Pablo Lemus para la búsqueda de personas.
La secretaria de Inteligencia, Edna Montoya, tiene un perfil poco mediático. Lo suyo no son los medios ni las relaciones públicas. Está bien cuando se trata de un trabajo de inteligencia, pero la desaparición en Jalisco es mucho más que eso; es un problema social, político, policiaco y de justicia, que implica a muchas áreas del Gobierno que hoy no parecen estar trabajando de la mano.
Ante un perfil como el de la secretaria Montoya, lo normal sería que el coordinador de Seguridad del gabinete de Pablo Lemus, Roberto Alarcón Estrada, saliera a dar la cara por el Gobierno y atendiera a las familias y grupos de madres buscadoras. Tampoco lo hace. Están dejando que sea la fiscalía especializada y el propio Instituto de Ciencias Forenses quienes atajen, como puedan y sin recursos, los problemas.
La pregunta es obvia, y la dejo solo como pregunta porque no tengo una respuesta: ¿tienen sentido una nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda que no acompaña a las víctimas y una Coordinación de Seguridad que no da la cara frente a una crisis forense, cuando resulta evidente que lo que falta no es burocracia sino recursos para la búsqueda e identificación de personas?
Insisto, no tengo respuesta, solo indignación.