Intolerancia y odio
Hace unos días, un grupo de manifestantes se plantó frente a la sinagoga de Polanco, en la esquina de Masaryk y Bernard Shaw, en la Ciudad de México, al grito de “fuera judíos de México”. Ayer, en Los Pinos, ex trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) destruyeron y “decapitaron” la estatua del ex presidente Felipe Calderón. Antes, habían intentado boicotear, sin éxito, una reunión llamada América Libre 2026, donde el expresidente criticó al régimen morenista.
Ambas manifestaciones tienen dos cosas en común: fueron grupos muy reducidos, no pasaban de cien personas, lo cual es tranquilizador, y tienen como base el odio y la intolerancia, lo que es una pésima noticia.
Una cosa es estar en contra de los actos genocidas y crímenes de guerra del Gobierno de Netanyahu en Palestina (tanto como son absolutamente reprobables los actos terroristas cometidos por Hamás el 7 de octubre de 2023) y otra muy distinta es pedir la expulsión de un grupo de personas por el simple hecho de practicar una religión. Para que lo entendamos: es tan absurdo como ir a la Catedral Metropolitana a protestar contra las decisiones del gobierno de Giorgia Meloni en Italia.
Podemos, como ciudadanos mexicanos, estar en contra de muchas de las decisiones que tomó el Gobierno de Felipe Calderón, de la forma en que comenzó una “guerra” (el nombre se lo puso él) contra el crimen organizado sin saber cómo terminaba eso y de una política que incrementó terriblemente la violencia en el país. Incluso habrá quien piense que acabar con Luz y Fuerza del Centro fue un error, pero destruir y decapitar su estatua en Los Pinos es un acto de intolerancia ante los ojos complacientes, si no es que cómplices, de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.
Cuando se debilita la democracia no solo perdemos la capacidad de controlar al poder, sino también los espacios y los mecanismos para procesar nuestras diferencias. Tienen todo el derecho los ex trabajadores de Luz y Fuerza de estar en contra de las decisiones del ex presidente Calderón y él de argumentar cuáles fueron las razones que lo llevaron a tomar esa decisión. Tienen todo el derecho los manifestantes propalestinos de solidarizarse con ellos. A lo que no tienen derecho ellos ni nadie es a promover el odio y la intolerancia, a exigir la salida de ciudadanos mexicanos por el hecho de profesar y practicar una religión, a boicotear participaciones académicas de ciudadanas y ciudadanos israelíes antes incluso de haberlos escuchado, o a impedir que ciudadanos se reúnan a hablar de lo que ellos quieran hablar.
La legitimidad de un Gobierno y el apoyo social no lo eximen de proteger a quienes no piensan como ellos. Tolerar los discursos de odio, sean de derecha o de izquierda, de amigos o enemigos del régimen, nos lleva inevitablemente a la violencia.