El santo oficio
Finalmente apareció el Santo Oficio. El viernes pasado notificaron a Paco Navarrete, el monero demandado por la diputada Itzul Barrera por violencia política de género, que la sentencia está firme y que tendrá que cumplir con un castigo digno de cualquier régimen fundamentalista: 15 días consecutivos de disculpas públicas (la oración católica del Yo pecador es una minucia frente a esta absurda sentencia) y quedará inscrito en el padrón de violentadores sexuales. Esto último es lo más grave y fuera de tono.
Lo sorprendente del oficio del Tremendo Tribunal Electoral es que la afectada, la diputada Barrera, pidió expresamente suspender el proceso, pues, argumentó, solo estaba sirviendo para revictimizarla. Las magistradas Marcela Zárate y Brenda Serafín, así como el magistrado Manuel Rodríguez, a quienes al parecer les importa más la notoriedad que la justicia, desoyeron la solicitud de la diputada y la condenaron a la revictimización con un contundente “no ha lugar” y ordenaron continuar con el proceso y, por lo tanto, a que siga recibiendo críticas, justas o no, ese es otro tema, por su demanda.
Lo que hay de fondo en este caso es el abuso de la figura de la violencia política de género. Fue un error y un abuso de poder de la diputada Barrera haber recurrido a esa figura para demandar al monero. Antepuso el orgullo y el deseo de venganza contra un periodista a la reflexión sobre las consecuencias para ella (ya existía el antecedente de Lady Dato Protegido, por lo que no se puede decir sorprendida por el resultado) y para la libertad de expresión. Fue una decisión tomada desde la ceguera y la prepotencia del poder.
Vamos a aceptar que, de entre todas las fotos que pudo haber seleccionado, el monero Navarrete escogió una que encierra una visión machista y que, en general, los hombres estamos discapacitados para ver ese tipo de agresiones porque fuimos educados en esa mirada. Más cierto aún es que la ofensa la califica quien la recibe, nunca quien la hace. En el oficio periodístico de los géneros de opinión, y particularmente en el cartón político, es muy común que un aludido se sienta ofendido o maltratado y, por lo mismo, hay que tener siempre la voluntad de disculpa en la punta de la lengua. Pero tan no se sentía incómoda y sexualizada con esa fotografía que fue la misma diputada quien la subió a sus redes sin leer la letra chiquita: al aceptar que fuera vista por el público en general, quedó desprotegida de sus usos. Más absurdo aún fue atribuirle a la partición silábica de la palabra diputada una intención que, como demostró el monero, nunca tuvo, pues no fue él quien la hizo, sino el programa de edición que, dicho sea de paso, la hizo correctamente.
¿Dónde está la violencia política de género? ¿En qué momento la crítica por un comentario frívolo y poco inteligente de la diputada convierte al monero en un violentador sexual? ¿Por qué un Tribunal Electoral se abroga el derecho de convertirse en el Santo Oficio, en Torquemada, del siglo XXI?
Más allá de la ofensa percibida, lo que está en juego en el asunto Barrera vs. Navarrete es la libertad de expresión, la libertad de los ciudadanos a criticar y reírnos, si así nos nace, de las tonterías que dicen los políticos, que viven del erario y que deben hacerse responsables de sus palabras y sus actos.