¿A quién le importa la verdad?
¿Los medios de comunicación mienten? Conozco periodistas que mienten descaradamente por quedar bien con un Gobierno o para generar una polémica (los casos que se me vienen a la memoria, curiosamente, hoy están cerca de la 4T). Otros que se arriesgan al límite y publican información no comprobada e incurren en falsedades frecuentemente. En la mayoría de los casos la información publicada por periodistas que resulta no ser cierta es por errores derivados de falta de procesos de verificación o ignorancia pura. La mayoría de los casos o problemas de ética periodística son en realidad problemas de técnica periodística. Insisto, hay periodistas que mienten descaradamente, pero son los menos.
¿Mienten los políticos? Como respiran. No hay comparación alguna entre las mentiras de los comunicadores y las de los políticos. No tenemos que ir muy lejos, en la Mañanera del jueves, a través del más evidente de los chayoteros, el famoso Lord Molécula, le pusieron en bandeja a la presidenta la pregunta de si ella había prometido en campaña que no habría fracking.
Contestó que ella lo que había prometido era soberanía energética, cuando en realidad hay al menos dos testimonios claros donde ella dice con todas sus letras que en su gobierno no habrá fracking: el 1 de marzo de 2024 y el 6 de diciembre de ese mismo año. A López Obrador, Luis Estrada, de la consultora SPIN, le contabilizó más de 86 mil declaraciones falsas, engañosas o que no son comprobables en seis años de mañaneras, un promedio de 94 por día.
¿Quién sanciona a los políticos cuando mienten? Nadie. No hay una legislación expresa que nos permita a los ciudadanos imputar a un político por mentir. La única sanción es política, a través de la oposición, y de opinión pública a través de los medios. Hoy la oposición está prácticamente desaparecida y los medios bajo asedio.
Comprar y silenciar medios no lo inventó Morena. Lo han hecho todos los Gobiernos, unos más que otros, a través de mecanismos de cooptación, usando discrecionalmente recursos públicos para favorecer a los medios afines o para comprar, literalmente, silencios. Los medios entendieron muy pronto que el acceso a los recursos públicos era discrecional y arbitrario y la respuesta fue una de las prácticas que más han dañado al periodismo en este país: el chantaje (lo narro en la novela “El Chacal”, un retrato de la corrupción periodística de mi generación).
Si los Gobiernos quisieran realmente sanear la perversa relación entre los medios y el poder, lo que habría que regular es la asignación de los presupuestos públicos. Aunque se intentó avanzar en esto en los años de la transición democrática, ningún gobierno se ha atrevido a hacerlo. Fox duplicó los montos de “publicidad” (en realidad información pagada que muchas veces se convierte en otra forma de mentira) particularmente en la televisión, y los gobiernos de la Cuarta Transformación han sido descaradamente patrocinadores de los medios que les son afines y aduladores, especialmente “La Jornada”.
Replanteemos la pregunta: ¿a quién le importa la verdad? Claramente no a los poderosos, sean políticos o grandes consorcios de comunicación. Le importa a la mayoría de los periodistas, a los empresarios que saben que sus medios viven de la credibilidad, les importa a algunos ciudadanos que desde sus diferentes trincheras generan información. Y esa minoría a la que sí nos importa sabemos que la verdad es una construcción continua y colectiva, es enemiga de los dogmas y nace siempre de la duda.
Quizá por eso, porque la verdad nace de la duda, es que no les gusta a los políticos, que por definición son dogmáticos y tira netas.
diego.petersen@informador.com.mx