¿Derecho o censura?
Cuando estamos en medio de severos cuestionamientos al Gobierno de México por la posición que ha asumido en el caso del gobernador con permiso de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sobre la petición de extradición, junto a otros funcionarios públicos, por parte del Departamento de Justicia estadounidense, por la “pasividad” gubernamental (protección oficial) que ha tomado con los audios revelados sobre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su “disponibilidad” a colaborar con agencias del país vecino, dizque para recuperar su visa de ingreso, y cuando surgen muchas dudas sobre la detención y acusaciones que hay en contra del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien acusan de delincuencia organizada y contrabando de combustible -entre otras cosas-, asuntos que han provocado que los medios de información destaquen en sus coberturas y surjan polémicas sobre las acciones oficiales, desde Palacio Nacional se promueve la consulta pública sobre lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, como parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Este asunto no es nuevo, ya que este “derecho de las audiencias” se incluyó a nivel constitucional en el 2013 y un año después quedó en la Ley Federal de la materia, como normas dirigidas a los concesionarios de radio, televisión y audio/video para garantizar que la audiencia reciba información veraz, oportuna y que pueda distinguir claramente entre noticias, opinión y publicidad.
Sin embargo, ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum informó en la conferencia matutina que los nuevos lineamientos sobre “derechos de la audiencia” pudieran ampliarse a la prensa escrita y a las plataformas digitales. Y en caso de que se infringe la ley, “Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para que pueda intervenir y, en casos extremos, donde no se respeten los derechos de las audiencias, puede llegar a haber multas y sanciones como última instancia”, dijo la Mandataria.
Parafraseando al cantante venezolano, José Luis Rodriguez “El Puma”, “Agárrense de las manos”, porque en caso de que “alguien” de la audiencia se queje en contra de un medio de información porque no distingue si era “noticia, opinión o publicidad” algún asunto tratado, y se abra un proceso en la CRT y el veredicto favorezca a al demandante, vendrá una “multa” y hasta “sanciones como última instancia”, que me imagino -en este último caso- se refieren al retiro de la concesión o permisos para operar del medio.
Dicho en otras palabras, por más que la disfracen, es un intento por controlar a los medios moderando sus contenidos, que a la postre representan una amenaza a la libertad de prensa. Así que esto es, ¿derecho o censura?
Usted, ¿qué opina?