Derecho a la educación
Los resultados de una evaluación educativa suelen generar polémica y más si se trata de una evaluación internacional; sin embargo, no podemos olvidar que detrás de cada estadística hay un niño y una niña que su futuro depende en gran medida de la educación recibida.
Nuestra Constitución consagra el derecho a la educación, pero según el mismo texto constitucional esa educación debe contribuir al desarrollo integral de la persona, que en la época actual conlleva a cumplir con los estándares internacionales, no porque sea un capricho de alguien, sino porque hoy en día es necesario preparar a los jóvenes para competir internacionalmente.
Podemos discutir durante semanas si las evaluaciones internacionales son la mejor forma de evaluar nuestro sistema educativo, cuestionando los diversos factores que pueden alterar el resultado. Pero lo que invariablemente debemos cuestionar es si estamos garantizando el derecho a la educación.
La Ley General de Educación coloca en el centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, considerando la equidad, la excelencia y la mejora continua. Y no podemos olvidar que un sistema educativo que consigue que los estudiantes permanezcan en las aulas, pero no logra que desarrollen las competencias fundamentales, tiene un problema de calidad que también es un problema de derechos.
No se trata de convertir una prueba internacional en el juez absoluto de nuestro sistema educativo. Se trata de utilizar la evidencia disponible para preguntarnos qué está funcionando y qué debemos corregir. Pero esto requiere humildad, para reconocer lo que se ha hecho mal y tener la voluntad de corregirlo poniendo las medidas necesarias para ello.
La evaluación adquiere verdadero sentido cuando permite identificar dónde están las deficiencias, qué alumnos requieren mayor apoyo, qué escuelas necesitan recursos adicionales, qué docentes requieren formación y qué políticas públicas están produciendo resultados. Porque la calidad educativa no puede depender del lugar donde nació un estudiante, de los ingresos de su familia o de la escuela que le correspondió.
El derecho a la educación tiene una dimensión de igualdad. Si los alumnos de contextos vulnerables reciben una educación sustancialmente peor que quienes tienen acceso a mayores recursos, la desigualdad educativa termina reproduciendo la desigualdad.
Un joven que no comprende adecuadamente un texto tendrá dificultades para interpretar un contrato, una sentencia, una noticia o una norma. Quien no desarrolla razonamiento matemático tendrá mayores obstáculos para tomar decisiones financieras o comprender información cuantitativa. Quien no aprende a distinguir evidencia de opinión será más vulnerable a la desinformación. En otras palabras, la calidad de la educación no solamente determina el futuro económico de una persona; también determina su capacidad para ejercer plenamente sus derechos y participar en una sociedad democrática.
Por eso, los resultados de una prueba no deberían provocarnos únicamente indignación, orgullo o controversia política. Deberían provocarnos algo más útil: responsabilidad.