Dámaso y van tres

Comenté ayer aquí que si la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, quería ganar algo de legitimidad, lo primero que tenía que hacer era sacudirse al vicefiscal general del Estado, Dámaso Castro Saavedra.

Eso sucedió la tarde de ayer cuando pidió licencia “sin goce de sueldo”. 

Si fue ella quien operó para que dejara el cargo, o si la presión vino otra vez del Gobierno federal, lo cierto es que de cualquier forma eso ayuda a Bonilla a obtener al menos el beneficio de la duda de los sinaloenses, que la ven supeditada aún a su exjefe, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Y es que quien hasta el viernes fue mandatario sinaloense, nunca investigó ni sancionó a Dámaso, quien tuvo a su cargo la investigación con la que la Fiscalía de Sinaloa quiso ocultar el asesinato del diputado electo, Héctor Melesio Cuén, que se dio en el mismo lugar donde citaron con engaños a Ismael “El Mayo” Zambada, aquel 25 de julio de 2024, cuando lo sometieron Los Chapitos, lo subieron a una aeronave y lo llevaron a Estados Unidos. 

El hasta ayer vicefiscal general de Sinaloa, se inventó que había muerto en un asalto en una gasolinera donde le quisieron robar su camioneta. Para el engaño, presentaron un video prefabricado, que quedó al descubierto cuando el abogado de “El Mayo”, difundió una carta de su cliente en la que sostenía que Los Chapitos lo citaron a él y al gobernador Rocha Moya, para resolver las diferencias por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) que tenían el mandatario estatal y Cuén, ambos ex rectores de esa casa de estudios, y que fue ahí donde lo mataron.

La licencia de Dámaso llega cuatro días después de la de Rocha Moya y la del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y a menos de una semana que apareciera en la lista de 10 funcionarios y ex funcionarios estatales acusados de estar coludidos con el Cártel de Sinaloa.

Específicamente, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, señala a Dámaso por sus vínculos con la facción de Los Chapitos, a quienes habría proporcionado protección e información de los operativos de seguridad en México y los coordinados con agencias estadounidenses.

En el expediente judicial que las autoridades estadounidenses enviaron a México, para pedir su detención y posterior extradición, lo acusan de recibir sobornos de hasta 200 mil pesos mensuales con el alias “Culiacán Regio”.

Con Dámaso, van tres funcionarios en activo (seis más son ex funcionarios, casi todos ex jefes policiales y judiciales) que piden licencia aunque se resistían a hacerlo. En esa posición sigue el senador Enrique Inzunza, el único en funciones, quien asegura que no dejará su curul. Veremos.