Cuando las urnas juzgan a la justicia
Marine Le Pen fue declarada culpable por la Corte de Apelaciones de París por desviar recursos del Parlamento Europeo para financiar personal de su partido. La resolución confirmó un perjuicio de 2.8 millones de euros, pero redujo su inhabilitación y le permitió mantenerse en la carrera presidencial de 2027. Las primeras encuestas posteriores al fallo la colocaron al frente.
La anomalía no es que una candidata sobreviva políticamente a una condena. Es que la condena pueda convertirse en material de campaña.
La memoria democrática ofrece varios precedentes. Lula da Silva fue condenado, encarcelado y excluido de la elección brasileña de 2018. Sus condenas fueron anuladas por incompetencia del tribunal y, en 2022, regresó a las urnas y recuperó la presidencia. Donald Trump fue declarado culpable de 34 delitos en Nueva York y meses después volvió a la Casa Blanca. En México, el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador no terminó en condena, pero convirtió un expediente judicial en una causa política: impedirle competir comenzó a interpretarse como un intento de arrebatarle al electorado su derecho a decidir.
Los casos no son jurídicamente iguales. Tampoco necesitan serlo. Lo que se repite es el patrón.
La institución individualiza una conducta. El dirigente colectiviza el agravio. Ya no se defiende diciendo solamente “soy inocente”, sino “vienen por mí porque no pueden derrotarnos”. Sus seguidores dejan de mirar el expediente como un juicio contra una persona y comienzan a recibirlo como una agresión contra su propia identidad política.
Entonces ocurre el desplazamiento decisivo: el acusado coloca simbólicamente al juez en la boleta.
La elección deja de ser sólo una disputa entre candidatos. Se convierte en un referéndum sobre fiscales, tribunales, medios y élites. La urna opera como instancia de apelación política: no borra una responsabilidad jurídica, pero puede restituir legitimidad y devolver poder.
El mecanismo no funciona con cualquier político. Requiere una identidad colectiva intensa, desconfianza previa hacia las instituciones y la percepción de que el proceso busca excluir más que impartir justicia.
Pero el patrón tiene un reverso. Cuando una institución ya es percibida como parte del mismo sistema de poder, una decisión favorable al acusado no necesariamente acredita inocencia: puede parecer protección. En el caso de Rocha Moya, la FGR sostuvo que la solicitud estadounidense carecía de pruebas suficientes y pidió más información. El beneficiado inmediato fue el gobernador; la institución, sin embargo, quedó expuesta a una lectura distinta: no la de un árbitro independiente, sino la de una estructura protegiendo a uno de los suyos.
La condena puede fabricar una víctima. La absolución o el freno procesal pueden fabricar una sospecha. En ambos sentidos, lo que llega a la boleta no es sólo el acusado, sino la credibilidad del sistema que lo juzga.
Marine Le Pen no necesita convencer a todos de que es inocente. Le basta con persuadir a suficientes de que el verdadero acusado es el sistema.
La justicia intentó juzgar una conducta. En 2027, las urnas podrían terminar juzgando a la justicia.
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