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Criptocrimen en Jalisco, Puebla y Estado de México

Parecen hechos aislados, pero comparten un denominador común. Me refiero a tres eventos: el multihomicidio del músico Jonathan Meléndez y su familia en el Estado de México a principios de septiembre; el aseguramiento esta semana de una granja clandestina de criptomonedas en la Sierra Norte de Puebla y el rescate en julio pasado de cuatro personas privadas de la libertad en una finca de Lomas de Tesistán, en Zapopan.

Todos estos eventos están unidos por el factor criptomonedas: una divisa virtual usada para cometer crímenes financieros trasnacionales como lavado de dinero, evasión fiscal y pago de actividades ilícitas como el narcotráfico.

El uso cada vez más frecuente de dinero virtual por parte de grupos del crimen organizado se ha convertido en una amenaza global debido al desarrollo de las capacidades computacionales y la Inteligencia Artificial.

En Puebla, las autoridades federales desmantelaron una granja clandestina para minar Bitcoin (un tipo de criptomoneda) equipada con 300 unidades de procesamiento gráfico, 80 unidades de tensión media y ocho antenas satélite conectadas ilegalmente al sistema eléctrico. El centro de datos era utilizado para el blanqueo de capital del crimen.

En Zapopan, Jalisco, en julio fueron liberadas cuatro personas privadas de la libertad en un supuesto “call center”. Información más adelante reveló que en realidad se trataba de una granja de criptomonedas en donde se decomisaron mil 116 equipos informáticos (distribuidos en 849 aparatos conectados, 228 desconectados y 39 equipos nuevos en sus cajas).

El asesinato del músico de Camilo Séptimo, según ha revelado el avance de las investigaciones, se relacionó con la búsqueda por parte del homicida de una caja fría, usada para el resguardo de criptomonedas, supuestamente con millones de dólares en bitcoins.  

Las noticias sobre criptocrímenes son cada vez más frecuentes. Sin embargo, este año se han revelado casos en donde la infraestructura y sofisticación indica una evolución de los crímenes financieros, misma que coincide con el apogeo de la IA y su uso para la comisión de ilícitos.

El lavado de activos con capital virtual ha sido una preocupación de las agencias globales para combatir el crimen transnacional, entre ellas la DEA, que en sus últimos informes ha advertido del empleo que le dan los cárteles mexicanos.

El uso de criptomonedas permite trasladar grandes cantidades de dinero sin que sea posible rastrear su origen ni trazabilidad. Esto facilita enormemente el lavado y los pagos ilícitos.

Todo indica que estamos ante el umbral de una nueva era en donde cada vez serán más frecuentes los criptocrímenes: ¿Las autoridades tienen la capacidad para investigarlos y sancionarlos? ¿Nuestro marco legal ofrece las herramientas necesarias? La reinvención y sofisticación tecnológica de los cárteles son el nuevo desafío.

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