Competitividad automotriz

Cuando trascendió que Toyota trasladaría producción desde Tijuana a Estados Unidos, la reacción inmediata en la prensa fronteriza fue la peor posible: hablar de “cierre de planta”. La realidad, confirmada por la propia armadora y reiterada por el Gobierno de Baja California, es más matizada y, para efectos de política pública, más instructiva. No se cierra la planta. Se traslada gradualmente, hacia 2030, el 50% de la línea de producción de la pickup Tacoma hacia el complejo de Toyota en San Antonio, Texas, donde la empresa construirá una segunda línea de ensamblaje que duplicará esas instalaciones y generará cerca de dos mil empleos nuevos del lado estadounidense.

Vale la pena resistir la tentación del titular alarmista y leer el movimiento por lo que es: una señal temprana, pero contundente, de hacia dónde se inclina la reconfiguración productiva de Norteamérica en el contexto de la revisión del T-MEC. La Secretaría de Economía ha insistido en que Toyota mantendrá su planta de Guanajuato, con sus 2 mil 800 empleos directos, y que el proceso en Tijuana no implicará despidos inmediatos. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que la decisión corporativa no ocurre en el vacío: responde, según reconoce la propia empresa, a “condiciones cambiantes del mercado estadounidense” y a una estrategia global de reubicación de capacidad instalada más cerca del consumidor final y, no menos importante, más lejos de la incertidumbre arancelaria.

Ahí está el fondo del asunto. Durante años, México vendió su ventaja competitiva —mano de obra calificada, cercanía geográfica, integración en cadenas de suministro ya maduras— como una apuesta segura frente a Asia. El nearshoring parecía un boleto de ida sin vuelta. Lo que el caso Toyota deja entrever es que esa ventaja no es estática ni está garantizada: compite ahora, dentro del propio bloque norteamericano, con los incentivos fiscales, la certeza regulatoria y el peso político que Estados Unidos puede ofrecer a quien decida producir en su territorio. Pero también con pésimas decisiones políticas, económicas y administrativas del lado mexicano. La Tacoma seguirá siendo mexicana en parte, pero cada vez menos.

Hay que decirlo: el Gobierno mexicano cometió un grave error al eliminar Pro-México, la agencia de promoción del comercio exterior que venía desempeñando una labor fundamental. Ahora sabemos que el traspaso de las funciones de promoción del comercio exterior a la Cancillería no fue la mejor idea. Hay que agregar a esto la necesidad de que los gobiernos estatales realicen lo que podríamos denominar “diplomacia corporativa” (visitas en sus giras a las grandes empresas que invierten en los Estados) en apoyo a los funcionarios federales y empresarios que promueven nuestro comercio. Una venta no se termina al momento de negociarla, sino que requiere de continuo cuidado para mantenerla.

El dato que más debería preocupar a Tijuana no es el simbólico, sino el estructural: la proveeduría local participa apenas con un 3% en la cadena de suministro de esa industria. Es decir, incluso cuando la planta opera a toda su capacidad, el arraigo económico regional es mínimo. Ese no fue el sueño de quienes hicieron posible su instalación en Tijuana.

La pregunta que las autoridades bajacalifornianas deberían estar haciendo no es si Toyota se va o se queda —eso, a fin de cuentas, lo decide un consejo corporativo en Japón atendiendo señales de Washington—, sino qué garantiza que la próxima planta que llegue a sustituir la capacidad liberada tenga mayor densidad de proveeduría local. El Gobierno de Baja California ha señalado que continúan llegando inversiones automotrices a la entidad; ese optimismo es comprensible desde la vocería oficial, pero no sustituye una estrategia industrial que blinde a la región frente a decisiones que, como ésta, se toman a miles de kilómetros y en función de variables que México no controla: la política comercial estadounidense y la revisión del propio T-MEC en 2026.

No hay que exagerar el episodio de Tijuana convirtiéndolo en catástrofe. Pero tampoco hay que minimizarlo llamándolo simple “ajuste técnico”. Es, ante todo, una advertencia clara sobre la fragilidad de un modelo de integración que, si no evoluciona hacia mayor valor agregado nacional, seguirá siendo rehén de decisiones ajenas.

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