Ayotzinapa, 12 años de impunidad
Hoy hace doce años se llevó a cabo la trágica Noche de Iguala, en la que un operativo entre fuerzas del Estado y células del crimen organizado desapareció a 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa, asesinó a seis personas y dejó a decenas de heridos de bala por agresiones de policías de los tres niveles de Gobierno. Recuerdo que, cuando leí la primera nota de los hechos, no daba crédito a un hecho de tal magnitud: ¿43 estudiantes normalistas desaparecidos de un solo golpe? ¿Cómo era posible un operativo de esta magnitud? Lamentablemente, pasaron los días y la desaparición masiva se confirmó.
Conforme pasaron los días, la evidencia de esa desaparición masiva golpeó la conciencia de millones de mexicanos para situarnos en la realidad que vivíamos en México: una crisis humanitaria de graves proporciones que se manifestaba crudamente con este caso de desaparición masiva. La desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa marcó el destino político del sexenio del priista Enrique Peña Nieto.
Su empeño, primero, en minimizar el hecho al responsabilizar solo a autoridades locales y su posterior maniobra de crear una supuesta “verdad histórica” con el relato de la cremación de los estudiantes en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero, terminaron de hartar a la sociedad, lo que alentó un movimiento de solidaridad en torno a los 43 estudiantes desaparecidos que movilizó a millones de mexicanos y personas solidarias en distintas partes del mundo.
Este movimiento de solidaridad en torno a los 43 terminó de sepultar la credibilidad del gobierno del priista Peña Nieto y alentó las posibilidades electorales de la oposición. Con firme determinación, este movimiento señaló la responsabilidad gubernamental con el lema “Fue el Estado”, que se pintó a gran escala en el Zócalo de la Ciudad de México y en muros de prácticamente todas las ciudades del país. Y esa consigna desmontó la llamada “verdad histórica” de la Procuraduría de Peña Nieto, que quiso enterrar el caso Ayotzinapa.
Y de esta realidad política de deslegitimación del anterior régimen se colgó el líder opositor Andrés Manuel López Obrador, quien prometió a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos que, de llegar a presidente, buscaría la verdad y la justicia para este caso. Los familiares de los normalistas desaparecidos le creyeron y le dieron una oportunidad para que cumpliera su palabra.
Ya como presidente, López Obrador inició su Gobierno dando pasos positivos hacia la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se creó una Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa (Covaj), así como una fiscalía especial dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar el caso: la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA). Se permitió, además, el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que tenía la confianza de los padres y madres de los 43 normalistas. En los primeros cuatro años del sexenio de López Obrador hubo avances significativos hasta que ocurrió un cambio radical en agosto de 2022.
En apenas unas semanas de agosto de ese año, el titular de la Covaj, Alejandro Encinas, presentó un informe de avances sobre el caso; luego renunció —o se hizo renunciar— a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, y también se pidió la renuncia del titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo.
Todo indica que estas dependencias del Estado mexicano se aproximaron demasiado a los muros del Ejército mexicano y que desde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hubo un golpe de mano para detener las investigaciones que apuntaban hacia la participación de los militares en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Desde entonces, ya cuatro años, hay pocos o nulos avances en la investigación de la Noche de Iguala.
Si bien la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no ha dejado de reunirse con los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo que escuchan de ella y de otras autoridades es un intento de repetición de la verdad histórica. Lo que presentan como avance es la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por supuestamente ordenar la destrucción de videos del Palacio de Justicia de ese estado que habían captado escenas de la detención de los normalistas la trágica noche del 26 de septiembre de 2014 por parte de policías estatales y federales.
Pero los padres y madres de los 43 normalistas siguen reclamando la entrega de más de 800 folios de los centros de inteligencia de la Sedena en Iguala, Guerrero, que podrían contener información sobre el paradero de sus hijos, así como la versión de que al menos 25 de los 43 normalistas habrían sido trasladados al 27 Batallón de la Sedena en Iguala al día siguiente de la desaparición.
La Presidenta Sheinbaum prometió que presentaría un informe sobre los avances del caso antes del 26 de septiembre, pero al final no cumplió y hoy el caso se encuentra en una encrucijada en la que la exintegrante del GIEI, la jurista colombiana Ángela Buitrago, sostiene que el caso Ayotzinapa “no avanza hacia la verdad, sino a un callejón sin salida”. Lo cierto es que, a 12 años de la desaparición de los 43, seguimos sin saber dónde están los normalistas y sigue prevaleciendo la impunidad.
rubenmartinmartin@gmail.com