Transporte público y víctimas
La expresión más grave y criminal de un sistema de transporte público caduco y que no cumple, por la falta de supervisión de la autoridad, con los requisitos mínimos de calidad en el servicio, son sin duda los atropellamientos y las muertes de usuarios y transeúntes provocadas por los camiones.
Jalisco y en especial el Área Metropolitana de Guadalajara ha padecido este problema desde hace más de dos décadas. Hizo crisis en el periodo de gobierno del panista Alberto Cárdenas Jiménez, cuando por ejemplo se llegó a 141 fallecimientos por atropellamientos de unidades del transporte público en 1998, y en su sexenio el promedio quedó en 106 muertes por año. Vinieron tres administraciones estatales más, la de los panistas Francisco Ramírez y Emilio González Márquez, y luego la del priista Jorge Aristóteles Sandoval y pese a las promesas de resolver el problema con la modernización del transporte público, los muertos por esta causa llegaron en estos cuatro sexenios a mil 363 casos que enlutaron a igual número de familias y que en la mayoría de los casos quedaron impunes y sin hacer la reparación del daño a los deudos. Esa cifra equivale a casi 62 muertos por año de 1995 a la fecha. Las estadísticas oficiales registran también en este periodo poco más de 5 atropellamientos no mortales o incidentes viales a la semana en los que se vio involucrada alguna unidad.
En 2019, el primer año de la administración del emecista Enrique Alfaro, el número de víctimas bajó a 30 atropellamientos mortales, que significa una baja de más del 50 por ciento en el promedio de los últimos 25 años, aunque con los 286 percances en los que se vieron involucrados camiones en 2019, se mantiene el promedio de cinco por semana registrados a lo largo de este cuarto de siglo.
Pese a la importante baja en el promedio, 30 muertos al año por este motivo, sigue siendo una cifra alta e inaceptable, por eso es loable el hecho de que el secretario de transporte, Diego Monraz, haya salido esta semana a indicar que la meta este 2019 era tener cero víctimas del transporte. Casi simultáneamente ese propósito quedó en buena intención al registrarse los dos primeros decesos en esta primera semana del año.
Incumplida esa buena intención, queda la de lograr al menos 30 días sin incidentes trágicos, que buscarán lograr con más capacitación de los operadores, ubicando puntos con falta de señalética o mala infraestructura vial, así como con la realización de un registro y seguimiento riguroso de todos los accidentes y su judicialización.
Es de reconocerse que la autoridad encare de esta forma el problema. Sin embargo, eso no será suficiente para detener y erradicar este lastre. Ya vimos que, por decreto, no se logró que el total de las unidades del transporte público pasaran del criminal modelo del hombre-camión al de Ruta-Empresa, y que se reordenaran las rutas en 2019, como se prometió a fines de febrero que se presentó el plan sexenal para lograr un Modelo Integral de Movilidad, y se insistió en julio que se quiso justificar la polémica alza en las tarifas del transporte público. Se asegura que el 45 por ciento de las rutas ya opera bajo el nuevo modelo, sin que los usuarios perciban una mejora en el servicio de los camiones que ya cobran 9.50 pesos y que siguen peleándose el pasaje causando muertes.
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