Se sigue borrando a los desaparecidos
El pasado mes de abril, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej) divulgó 148 cédulas para la búsqueda de personas, de las cuales 29 fueron localizadas con vida, una sin vida y 118 siguen sin ser localizadas. Este fue el hallazgo que encontró el investigador y ex rector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, y concluyó que ha sido el mes con más desapariciones reportadas en Jalisco en el último año. Por decisión propia, González Romero comenzó a investigar y seguir la información oficial sobre personas en Jalisco, dada la evidente crisis social que existe en el Estado con este fenómeno.
Dada la inconsistencia de las cifras oficiales, González Romero decidió centrarse en la divulgación de las cédulas de búsqueda de personas que emite la Cobupej, que no da cuenta de todas las denuncias que se presentan ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado. Además del borramiento de datos, hay una cifra negra, y por lo tanto el número de desaparecidos es mucho mayor al que reconocen oficialmente las autoridades de Jalisco.
Desde el 1 de mayo de 2022 al 30 de abril de este año el ex rector registró que la Comisión Estatal de Búsqueda emitió mil 265 cédulas de búsqueda que no se corresponden con los registros estatales.
Como se recordará, a finales de marzo de 2022, la Fiscalía General de Estado de Jalisco anunció una “carga masiva” de datos al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que depende de la Comisión Nacional de Búsqueda.
En ese momento, Jalisco ocupaba el primer lugar nacional con 16 mil 300 personas no localizadas. Después de la “carga masiva”, Jalisco reportaba poco más de 14 mil 900 desaparecidos. De un plumazo el Gobierno de Jalisco borró del registro nacional a mil 300 casos que existían antes de esa decisión burocrática.
Es una decisión de extrema gravedad. Así lo denunció el Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas el pasado 10 marzo “(…) el Gobierno de Jalisco opera una desaparición administrativa de registros que se suma a la desaparición real de personas. La crisis de desapariciones que ocurre en la Entidad se esta queriendo resolver en el escritorio, mediante la alteración de cifras, y no localizando en lo inmediato y con vida a quienes desaparecen”. Es una denuncia muy seria a la que el Gobierno de Jalisco no ha dado una respuesta convincente.
Ya en otras colaboraciones he planteado que esta decisión de borrar o desaparecer de los registros a los desparecidos forma parte de una política diseñada por el actual Gobierno para tratar de controlar el daño a la imagen política del Gobierno y del gobernador Enrique Alfaro Ramírez por la grave crisis que existe en el Estado sobre este fenómeno.
La decisión de borrar a los desaparecidos es una acción muy grave que, de acuerdo a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, merece sanciones administrativas y penales. Varios artículos de esta ley especifican que los estados están obligados a formar parte del Sistema Nacional de Búsqueda y obligados legalmente a reportar los casos de desaparición de manera inmediata al Rnpdno.
El artículo 174 de la ley citada dice expresamente: “Es obligación de las autoridades de las Entidades Federativas y de la Federación recopilar la información para el Registro Nacional y proporcionar dicha información de forma oportuna a la Comisión Nacional de Búsqueda, en términos de lo que establece esta Ley y su Reglamento”. Al detallar las responsabilidades de las Fiscalías Especializadas y de las comisiones estatales de búsqueda, el artículo 107 de la ley señala: “Los datos obtenidos inicialmente a través de la Denuncia, Reporte o Noticia deberán asentarse en el Registro Nacional de manera inmediata”.
A pesar de estas disposiciones y obligaciones que le impone la ley general, el Gobierno de Jalisco está incumpliendo con estas obligaciones y descaradamente sigue borrando a los desaparecidos.