Impunidad y dolor

En México el fenómeno de la desaparición forzada y hallazgo de cuerpos es una novela negra que se escribe a diario. Ayer una fosa clandestina, hoy restos identificados en una carretera y mañana será otra modalidad en cualquier municipio del Estado o rincón del país; todos los días agregamos un elemento más a la narrativa, pero lo cierto es que se requiere un freno a la impunidad que acompaña al delito. 

Así lo señaló el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) en el informe de recomendaciones para México, publicado la semana anterior, como resultado de su visita en noviembre del año pasado, y en la que menciona que el país vive una crisis forense.

Y es justo esta crisis la que ha generado que la sociedad civil diseñe vías alternas para encontrar las respuestas, los colectivos han cambiado su propia línea discursiva, dejando la confrontación y, en conjunto con las autoridades, toman acción realizando brigadas de búsqueda, -palas y picos en mano- interviniendo predios denunciados como posibles fosas y en los que cada vez se identifican más hallazgos. 

No imagino el impacto que significa para esas mujeres, hombres y jóvenes que un día cambiaron sus jornadas habituales en familia, la oficina o la escuela y ahora trabajan arduamente con el afán de encontrar a quien ya no está entre ellos, pues en esa tarea le han dado paz a otras familias que han peregrinado para recibir una respuesta esperando encontrar la propia.

De acuerdo al informe, Jalisco ocupa el primer lugar en desapariciones y junto a otras seis entidades concentran el 71.73% de los cuerpos no identificados en el país, además señala al crimen organizado como el principal autor en los casos denunciados, así como la mala praxis de algunos elementos en las corporaciones de seguridad; sin embargo, más allá de la procedencia de los responsables, la impunidad es la que alimenta la repetición, y se evidencia en que sólo se han dictado 36 sentencias frente a los miles de desaparecidos, es decir, sólo entre el 2 y el 6% de los casos han generado un proceso judicial.

¿Acaso un saneamiento en las corporaciones sería suficiente? Difícilmente lo veríamos, pero comenzar con las investigaciones y sanciones pertinentes, como ocurriera la semana pasada en la que se detuvieron a siete elementos por participación en casos de desaparición forzada, sería un buen principio. O hacer un seguimiento puntual con cada una de las denuncias, como ocurriera meses atrás con Eduardo Salomón, en Tlajomulco; o con la pequeña Victoria Guadalupe días atrás en Querétaro. La reacción inmediata fue clave, pero no siempre se trata de menores, no siempre hay una Alerta Amber donde se pone particular énfasis, y como menciona el comité de la ONU, las cifras superan la operación de las fiscalías. De acuerdo con especialistas que reaccionaron al informe, serían necesarios 120 años para identificar los cuerpos localizados al momento, y lamentablemente no los tenemos. 

El Presidente de México reaccionó al informe con un: “Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados”, y cedió la responsabilidad a la Secretaría de Gobernación para iniciar las medidas correspondientes, cualquiera que éstas sean, porque con informe de la ONU o no carecemos de una estrategia clara para revertir las cifras.

Estamos a tiempo. Así como el discurso de la sociedad está cambiando, también necesitamos una propuesta de acción para revertir los números y hacer que el informe de 2024 tenga otro resultado al finalizar “el sexenio de la transformación”.

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