¿Impunidad rota?
Por los altos niveles de corrupción y de impunidad que siempre han existido en nuestro país, y las resistencias que nuestras clases política y gubernamental han presentado para sabotear intentos que por décadas se han hecho para construir un andamiaje anticorrupción que castigue e inhiba este lastre, hoy hay muchos que celebran el encarcelamiento de altos funcionarios.
A nivel nacional destaca la detención de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, acusada de estar involucrada en el desvío de al menos 5 mil millones de pesos de ambas dependencias federales hacia más de una decena de universidades públicas, que a su vez contrataron a cientos de empresas fantasmas para pagar bienes y servicios que nunca existieron. Esta trama de corrupción fue observada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y luego retomada por el portal Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), sin cuyo trabajo las observaciones hubieran quedado ahí, sin que nada pasara, como ha pasado con cientos de casos advertidos por la ASF. Pero también está la orden de aprehensión contra el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por el Caso Odebrecht que sólo en México y Venezuela continuaba impune. No podemos dejar de mencionar la detención de poderosos abogados del poder, como Juan Collado, hoy también detenido.
A nivel local sacudió la detención de Antonio Gloria Morales, ex dirigente panista, ex coordinador de políticas públicas y ex secretario de Educación en el sexenio del panista Emilio González Márquez, acusado de haber participado en el fraude que significó la compra a sobreprecio de un residencia para instalar la Casa Jalisco en Chicago, Illinois. Desde luego, no se puede dejar de mencionar en este contexto el congelamiento de las cuentas bancarias de los magistrados Celso Rodríguez, Armando García y Alberto Barba, que ordenó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), también por presuntos casos de corrupción.
Para la base electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, estos casos son la mejor prueba de que el gobierno de la 4T está respondiendo a la principal demanda ciudadana de combatir la corrupción por la que recibió una cantidad de votos récord en la pasada elección presidencial, y que incluso está contagiando para que los gobiernos locales hagan lo propio.
Sin embargo, el espejismo de una impunidad rota no puede cegarnos ante los claros excesos procesales de los que no han estado exentos, en distintos grados, estos casos. Debemos advertir, hoy más que nunca, la necesidad de limpiar y fortalecer al Poder Judicial y de retomar un sistema anticorrupción sólido e independiente que castigue los abusos de los funcionarios de ayer y de hoy, pero que también contenga las tentaciones del populismo judicial que pone en riesgo de cárcel a cualquier ciudadano incómodo al poder.
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