Guardia Civil, siempre sí militar
Pocos temas de la agenda pública han logrado un consenso casi unánime como el cuestionamiento al uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En los pasados tres años que se ha planteado tanto la Ley de Seguridad Interior en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, como con la propuesta de crear una Guardia Nacional militarizada propuesta por Andrés Manuel López Obrador, se han levantado voces en el país y de organismos internacionales cuestionando dichas propuestas con datos contundentes sobre el riesgo de uso de soldados y marinos en tareas policiacas.
A pesar de ello, el Presidente López Obrador se empeña en mantener una Guardia Civil de claro corte castrense como lo asentó ayer en Guadalajara, donde celebró su conferencia de prensa mañanera, al confirmar que el nuevo cuerpo de seguridad estará bajo el mando de un militar en activo.
Dijo que ya ha escogido a los mandos de la Guardia Nacional que tendrá un “Estado Mayor, que lo integra la Policía Federal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y el comandante de la Guardia Nacional”, dijo. Éste comandante, adelantó, va a ser un militar en activo pese a que explícitamente esta semana el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de las organizaciones que conforman el colectivo Seguridad sin Guerra exigieron que se respetara que el mando de la Guardia Civil no recayera en un militar.
Si esto es así, señalaron en el Colectivo Seguridad sin Guerra, “sería una militarización que no se atreve a decir su nombre, una simulación y una traición al sentido de la reforma que aprobó el Congreso… debiera ya estar claro que las estructuras militares no han servido ni servirán para atender situaciones de inseguridad pública, máxime cuando más del 90 por ciento de los delitos que se cometen en el país no son federales, sino del fuero común”, expusieron.
Con esta decisión, López Obrador parece estar traicionando los acuerdos parlamentarios y los compromisos que estableció con organizaciones de la sociedad civil en las semanas que el debate llegó al Senado de la República.
Ante los cuestionamientos y el rechazo en la sociedad civil, los senadores aceptaron sesionar como Parlamento abierto y en dichas sesiones se expusieron argumentos contrarios a una guardia militarizada. Parecía que los legisladores escucharon, y cambiaron la iniciativa turnada por los diputados.
No obstante, con el empecinamiento de López Obrador de poner al frente a un militar, se cambia todo el sentido. En su justificación para tomar esta decisión, el Presidente alega que requiere el apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar la violencia y la inseguridad y que ahora las cosas son distintas y que el Ejército no reprimirá porque él, como comandante de las Fuerzas Armadas, no mandará reprimir al pueblo.
Con esta declaración, López Obrador parece no conocer en detalle la larga cadena de violación a las garantías individuales y derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Como si la actuación de unas instituciones entrenadas para abatir enemigos pudieran cambiar su formación y su historia sólo por la buena voluntad del actual Presidente.
Es una grave decisión que apuntala la tendencia de militarización del país que venía desde los anteriores gobiernos del PAN y del PRI y que lamentablemente continúa ahora en este Gobierno de Morena. Uno que prometió transformación y que está entregando continuidad.