El 22 de abril y la impunidad
Es una afrenta y una vergüenza pública que, a 27 años de las explosiones del 22 de abril de 1992, los damnificados sigan planteando las mismas demandas y exigencias al Gobierno. Es una muestra de desidia, indolencia e incapacidad de la clase política que ha mal gobernado este Estado.
El pasado lunes los damnificados hicieron un recuento de sus exigencias y son, prácticamente, las mismas que plantean año con año. No son demandas que no deban exigir en justicia, y no son demandas onerosas o desproporcionadas que las autoridades no pudieran cumplir y resolver, si tuvieran vergüenza y sentido de la responsabilidad.
Las exigencias de los damnificados fueron pasando como una papa caliente en los gobiernos de los panistas Alberto Cárdenas Jiménez, de Francisco Ramírez Acuña, de Emilio González Márquez y del priista Aristóteles Sandoval Íñiguez. El 22 de abril el actual gobernador Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano, prometió que en este año, su Gobierno cerraría los capítulos pendientes con los damnificados. Vamos a ver si cumple su promesa.
Esta desvergüenza de los gobiernos de no resarcir por completo los daños que las explosiones del 22 de abril causaron a miles de personas, ocurre porque los responsables de los hechos jamás fueron investigados, sentenciados y obligados a pagar por sus responsabilidades por lo que la tragedia quedó impune, como una marca indeleble de nuestra vida pública.
Desde un momento de la tragedia, los tapatíos supimos que la responsabilidad apuntaba a Petróleos Mexicanos (Pemex), única responsable de un derrame de hidrocarburos de la dimensión necesaria para explicar las explosiones ocurridas el 22 de abril de 1992.
Pero Pemex no fue tocada por el Gobierno federal, luego se supo, porque el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari estaba negociando el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y asumir la responsabilidad de las explosiones en Guadalajara, dañaría o entorpecería las negociaciones. Como suele hacer el aparato estatal, en el caso de las explosiones del 22 de abril en Guadalajara, se pusieron por delante los intereses de las inversiones privadas y razones de Estado antes que la justicia para miles de vidas que resultaron dañadas de modo irreparable.
Ahora vuele a ponerse a discusión la exigencia de que Pemex ofrezca una disculpa y asuma su responsabilidad, como lo planteó el gobernador Enrique Alfaro el pasado lunes. Pero un mes antes lo mismo había exigido la asociación 22 de Abril en Guadalajara, al anunciar que entregarían una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Jalisco.
¿Debe y puede Pemex disculparse? Tomando en cuenta otros casos de disculpas ofrecidas por el Estado en casos emblemáticos, iniciados en el sexenio de Enrique Peña Nieto y continuados ahora en el actual Gobierno, no sería descabellado que eso ocurriera.
Pero ofrecer una disculpa no basta, y por el contrario, la simple disculpa podría convertirse en una lavada de cara para Pemex y no cambiar las cosas de fondo.
La disculpa debería ir acompañada de reparación del daño y justicia, lo que quiere decir combatir la impunidad. Hasta ahora, el 22 de abril es una herida abierta porque los responsables jamás pagaron por su negligencia y delitos, que causaron daños a miles de tapatíos.
(rubenmartinmartin@gmail.com)