Disputa delincuencial mutante y sin freno
Un grupo de sicarios que transita armado hasta los dientes sin preocupación alguna de que alguna patrulla los detenga, llega la mañana del viernes pasado hasta a una casa en Tlajomulco. Ahí, como si fueran dueños del territorio, abren fuego contra la fachada hasta irrumpir al hogar y llevarse secuestrado a un hombre. Sus disparos alcanzan a una niña de apenas tres años que abandonan herida y muere más tarde en un puesto de socorros. El hombre “levantado” en su propio domicilio aparece horas después junto con otras 11 personas privadas de su libertad en una finca del poblado de San Sebastián El Grande, en el mismo municipio de Tlajomulco. Estaban “muy, muy lastimados” reconoce Blanca Trujillo Cuevas, fiscal de personas desaparecidas de la Fiscalía General. Se refiere a los vivos, porque cuatro de ellos ya estaban muertos. La propiedad queda asegurada porque las autoridades temen encontrar otra fosa común. Hasta el lunes habían encontrado una cabeza humana enterrada.
Horas antes de ese mismo 3 de mayo, un hombre escapó de sus captores y mientras deambula por las calles de la Colonia El Periodista, casi en el primer cuadro tapatío, es sorprendido por policías a los que indica que había logrado huir de una casa en la que estaban otros ocho individuos en cautiverio. A la banda delincuencial le importó poco utilizar un domicilio tan céntrico y lleno de vecinos para operar ahí su casa de seguridad a la que llevaban a sus levantados. Sólo el miedo explica que ningún vecino haya reportado antes algo a las autoridades. Al menos que, más grave aún, la infiltración delincuencial encuentre un cobijo social tan amplio que alcanza ya céntricas colonias de Guadalajara.
Desde el primer momento, la Fiscalía del Estado atribuyó la inédita jornada de secuestros del viernes a las disputas entre los cárteles del crimen organizado, y del debilitamiento de algunos de ellos. El lunes pasado el propio fiscal General, Gerardo Octavio Solís, reveló que las primeras investigaciones involucraban a las víctimas secuestradas en actividades del narcomenudeo.
Lo preocupante es que ante esta nueva mutación de las expresiones delictivas que quedó marcada con esta ola de privaciones de la libertad, el Gobierno estatal y su gabinete de seguridad, así como las autoridades municipales, insistan en la estéril explicación de siempre. Que solo atinen a repetir que se trata de una disputa por el territorio, como se justifica desde hace más de una década, sin antes llamar a cuentas a sus jefes policiales y exigirles cuentas.
Si en efecto, las calles de la ciudad, y ya no solo las calles sino también los espacios privados donde cada vez son más frecuentes las irrupciones violentas, están convertidas en campos de batalla de la mafia, su obligación es no permitirlo, deteniendo a los culpables y a los policías que les permiten el libre tránsito. Urgen otras respuestas, y sobre todo acciones, de la autoridad para enfrentar a una delincuencia mutante y sin freno.
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