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De la austeridad mal entendida y sus consecuencias

Una de las mejores cosas del proyecto de López Obrador es la austeridad gubernamental; no se puede tener un gobierno con excesos en un país donde la mitad de la población es pobre. Pero, aún si no hubiera pobres tampoco se justificaría un gobierno dispendioso. De hecho, en las democracias de primer mundo una de las cosas que caracteriza a los gobiernos es eso que nosotros llamamos austeridad y que para ellos no es otra cosa que normalidad. Los funcionarios públicos no pueden ni deben vivir como magnates con el presupuesto público. Los desplantes de los funcionarios y políticos en edad de merecer en restaurantes, en camionetas de lujo, con choferes y guaruras que nosotros pagamos fue uno de los varios elementos que llevaron al descrédito de la clase política y los partidos que representaban.

En su lógica de “abarrotero gallego estilo el papá de Manolito el de Mafalda”, diría Augusto Chacón, la austeridad propuesta por el gobierno de López Obrador no es una cuestión planeada, pensada y aplicada con puntualidad sino un recorte seco al gasto, sin miramientos, pero sobre todo sin planeación y sin tocar el rubro más importante del gasto que es el de servicios personales, la burocracia para ponerlo en español. Hoy tenemos instituciones igual de obesas y al mismo tiempo desnutridas.

El caso de Chapala es terrible y tristísimo, pero lo mismo sucede cuando volteamos a ver las instituciones de salud, de cultura o las agencias promotoras de derechos humanos...

Uno de los ejemplos de esta mal entendida austeridad es lo que está pasando en la Conagua. Las invasiones al lago de Chapala están a todo lo que da, hay al menos cinco puntos distintos en la ribera de Chapala donde se están haciendo a la luz del día y con todo descaro rellenos de terrenos que no sólo son propiedad federal, sino que pertenecen al vaso del lago. El descaro es total porque se saben impunes: filas de camiones descargando materiales para crecer un jardín o agenciarse un terreno a las orillas de lago. El encargado de vigilar que esto no suceda y proteger el lago, que es patrimonio de todos, es la Comisión Nacional del Agua; sin embargo, de acuerdo con los datos que ellos mismos reportaron a El Informador vía transparencia, en la actual administración, todo el año pasado y lo que va de este, no han realizado una sola inspección por falta de presupuesto.

El caso de Chapala es terrible y tristísimo, pero lo mismo sucede cuando volteamos a ver las instituciones de salud, de cultura o las agencias promotoras de derechos humanos, de igualdad de género, antidiscriminación, etcétera. Cuando las instituciones existen sólo por inercia, pero no tienen capacidad operativa lo que provocan es una falsa expectativa y un incumplimiento de sus obligaciones, que afectan, como siempre, a los más desprotegidos.

La austeridad mal entendida tiene consecuencias y alguien tiene que hacerse responsable de ellas.

diego.petersen@informador.com.mx

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