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Convocatorias para cuates y cuotas

Si ya el Informe Legislativo 2018 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) afectó la evaluación de la saliente Legislatura local, al ubicar a nuestro Congreso con la tercera nómina más obesa del país y el quinto más caro con un costo de 18 millones de pesos por diputado al año (por arriba de los 16.8 millones que cuestan los diputados federales), el cierre puede ser desastroso y opacar los avances que logaron en los últimos tres años, si los diputados y diputadas insisten en imponer las cuestionadas convocatorias que emitieron para elegir magistrados y magistradas para el Supremo Tribunal de Justicia y la nueva sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa, que es parte del Sistema Estatal Anticorrupción, como si las hubieran hecho a modo para que ganen los que ellos previamente decidieron.

Si ya de por sí, legisladores y legisladoras se han visto lentos y han rehuido a su obligación de hacer las reformas necesarias para implementar la nueva Fiscalía Autónoma y a su titular, pese a tener una iniciativa del tema desde hace más de un año, el querer llevar adelante una convocatoria que nos hace volver a la lógica de los cuates y las cuotas que ya se creía superada, los colocaría como los que se opusieron al avance y a la consolidación del nuevo modelo de combate a la corrupción e impunidad.

Los y las integrantes de la Legislatura que termina el último día de octubre han hecho caso omiso a los llamados que las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción les han hecho desde abril pasado en el sentido de hacer las adecuaciones legales para nombrar al fiscal independiente. Otro de los reclamos era apurar la convocatoria para elegir la tercera magistratura anticorrupción, cosa que ya atendieron, pero en términos inaceptables por la discrecionalidad que implican.

De entrada, el Observatorio del SEA considera un “retroceso” y una ilegalidad conformar una comisión legislativa ex profeso para designar a dos magistraturas para el STJ y la magistratura anticorrupción, cuando la Ley Orgánica establece claramente que esa tarea le toca a la Comisión de Justicia, de acuerdo con el Artículo 92.

Advierten a los diputados del PRI, del partido Movimiento Ciudadano, del PAN, PANAL y al morenista Hugo Rodríguez Díaz, que habilitar esta “comisión especial” lo único que va a provocar es judicializar el proceso y retrasar estos nombramientos.

Diputadas y diputados deben atender estas observaciones y acceder a rediseñar las convocatorias y sus plazos para que los nombramientos del Poder Judicial dejen de darse en la opacidad y haya equidad y criterios claros para elegir a los mejores perfiles con el escrutinio ciudadano, incluso con la participación del Comité de Participación Social, como lo demanda el Observatorio, cuidando no violentar la soberanía del Poder Legislativo. Los términos de las convocatorias emitidas son una simulación inadmisible. Diputados y diputadas deben corregir y abortar este amañado proceso.

jbarrera4r@gmail.com
 

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