AMLO, universidades y presupuesto

Como principio, todos estamos de acuerdo en que se requiere aumentar el presupuesto para educación. Más aún, resulta políticamente incorrecto decir lo contrario, no sólo es una afrenta al sentido común sino al deber ser idealizado. La respuesta comienza a ser más compleja cuando el planteamiento no es si necesitamos más dinero en educación sino si estamos usando bien el dinero invertido en ello.

Durante muchos años la batalla fue para que la inversión del país en educación llegara a niveles de seis por ciento del PIB. Hoy la inversión en educación en México es de 5.4 por ciento del PIB, es decir estamos cerca de la meta y ya no somos el país de la OCDE que menos invierte en su educación, sino que estamos en media tabla, en el lugar 12 de 35.

Pero cuando nos preguntamos no por el monto, sino por los resultados las cosas cambian. Si estamos a media tabla en inversión, en resultados estamos en el fondo: somos el país de la OCDE con peores resultados en las pruebas estandarizadas, lo cual debe llevarnos a pensar qué es lo que no estamos haciendo correctamente. Resulta más que evidente que más dinero no se convertirá en automático en mejor educación y que, por el contrario, en un sistema atrofiado el rendimiento por peso invertido será cada vez más marginal.

Más de 30 Universidades de todo el país han decidido hacer un reclamo común por el incremento presupuestal con un paro de 24 horas, pues en no pocos casos el déficit ha provocado ya retrasos en el pago de las nóminas. Es probable que algunas universidades tengan razón, pero tan cierto es que el dinero para educación superior es siempre insuficiente como que las universidades, amparadas en la necesaria autonomía, gastan con un grado enorme de discrecionalidad y con poca o nula rendición de cuentas. Si las grandes universidades, la UNAM, la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Autónoma Metropolitana (UAM), o la de Nuevo León (UANL) nos parecen opacas, las más pequeñas lo son mucho más.

Un rasgo común en la mayoría de las universidades estatales son los cacicazgos políticos que deciden en gran medida cómo y en qué se gasta, pero sobre todo cómo se aplica el capital político que les da el ejercicio del presupuesto. Los caciques suelen poner como argumento de su existencia la gobernabilidad en las universidades, misma que se basa principalmente en la capacidad que ellos mismos tienen para desestabilizar a un gobierno vía la movilización estudiantil.

Este es el círculo perverso que quiere romper el presidente, y está muy bien. Lo que no está claro, más allá de la pésima idea de quitar los exámenes de admisión y un absurdo proyecto de universidades estatales patito llamadas Benito Juárez, es qué quiere el gobierno de López Obrador para la educación superior.

(diego.petersen@informador.com.mx)