18 de mayo
La licitación bajo sospecha para la renta de maquinaria pesada para los municipios que realizó el Gobierno del Estado, volvió a poner en el centro de la opinión y el debate público la agenda pendiente para revisar los términos en que se están haciendo las compras gubernamentales, ya que siguen ocurriendo con altos grados de discrecionalidad.
Esta condición, sin duda, genera amplios márgenes para incurrir en conflictos de interés, cuando no en francos episodios de corrupción.
En ese sentido, las investigaciones que se abrieron para deslindar responsabilidades de eventuales irregularidades en la adjudicación del contrato de más de 3 mil 600 millones de pesos para el programa “Refundación ¡A toda Máquina! de la Secretaría de Desarrollo Rural, deben ayudar tambien a revisar y relanzar el Sistema Estatal Anticorrupción, que a casi año y medio de su creación sigue con un andar lento y sin dar los resultados que se esperan para combatir el reino de impunidad del que siguen gozando los malos funcionarios públicos y los particulares que con ellos hacen multimillonarios negocios.
Es en este contexto que debemos leer y valorar el desplegado publicado el viernes pasado firmado por 38 organizaciones empresariales, académicas y sociales, así como por 120 distinguidos y distinguidas jaliscienses en el que piden al Congreso acelerar cambios en la Ley de compras, así como reformas para mejoras regulatorias, y para fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción.
Este planteamiento colectivo, materializa en parte el llamado que hizo el 28 de marzo pasado el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendáin, a establecer un Pacto por la Integridad y por el Bien Ser del Estado, para combatir la corrupción y la impunidad. Fue este propio dirigente empresarial, quien acudió el viernes mismo, junto con José Bautista, como representante de las organizaciones de la sociedad civil, y el contralor tapatío independiente, Enrique Aldana, a llevar a la oficialía de partes del Congreso esta solicitud. Una primera señal positiva fue que el presidente del Poder Legislativo, Salvador Caro, les recibió de propia mano el pliego de peticiones.
Son tres las iniciativas que se piden a las y los diputados. Dos para antes del 18 de mayo:
1) Una nueva Ley estatal de compras, que fortalezca la independencia y actualice los comités de adquisiciones, así como revisar y mejorar los procesos de adjudicación que no dejen pasar contratos chuecos, y que se utilicen plataformas más abiertas para transparentar y comparar las ofertas, y 2) las reformas necesarias para una integral mejora regulatoria.
La tercera iniciativa la piden a más tardar para junio, y consiste en crear una oficina especial de inteligencia financiera para el Sistema Estatal Anticorrupción y la creación de una secretaría técnica para el Comité de Participación Social.
Si en el Congreso ya dieron la semana pasada el buen paso al aprobar la inicitiva de #CeroToleranciaACorruptos, no habrá porqué decir no a esta muy oportuna petición. El 18 de mayo lo veremos.