- Egolatría

En un acto más de la comedia de enredos en que ha degenerado el tema de la consulta sobre Revocación de Mandato programada para este año (“Si Dios no lo remedia”, diría el clásico), tanto “el supremo Gobierno, que no se equivoca nunca” -que dijera Pito Pérez- como el Instituto Nacional Electoral (INE), movieron piezas...

-II-

En ausencia -pero casi seguramente por instrucciones suyas- del Presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, presentó un “plan de austeridad”, elaborado por el Gobierno federal, para que el INE haga ahorros en sueldos, fideicomisos, telefonía celular, viáticos y alimentos, al efecto de lograr “una disponibilidad de dos mil 972 millones de pesos” que se invertirían (en la remota hipótesis de que ese verbo fuera el adecuado, considerando que invertir, diccionario en mano, significa “emplear, gastar o colocar bienes de capital en aplicaciones productivas”: ¡pro-duc-ti-vas; no estériles o infructuosas...!) en la consulta de marras.

La respuesta del INE, en voz de su consejero electoral, Ciro Murayama, quiso ser contundente: “Cuando las elecciones (mal hechas) las organizaba el Gobierno (1988), ellos decidían el gasto. Hoy que hay un instituto autónomo, el INE, el Gobierno no manda en sus decisiones”.

Rotunda y todo, dicha respuesta no necesariamente puede interpretarse como una negativa terminante y categórica, considerando que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, más conciliador, admitió previamente la posibilidad de limitarse al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados... aunque ello significara incumplir el mandato constitucional de que la logística de la consulta debe ser similar a la de una elección federal.

-III-

Hay indicios de que las firmas recabadas para solicitar la consulta serán más que suficientes para proceder a realizarla. No hay, en cambio, ningún indicio de que dicho plebiscito vaya a pronunciarse por la remoción del Presidente...

Por una parte, es improbable que la mayoría de los votos que se emitan en la consulta le sean adversos, considerando que las encuestas de popularidad le son ampliamente favorables (más del 70% de los ciudadanos lo apoyan), y que las firmas para solicitar la consulta han sido aportadas u obtenidas por sus propios partidarios o simpatizantes. Por la otra -vale reiterarlo-, difícilmente el ejercicio tendría la participación del 40% (37 millones) de los potenciales electores, que haría vinculante el resultado.

De donde se desprende que la dichosa (además de costosa) consulta se limitaría a ser un estéril ejercicio de egolatría -el enésimo, para ser exactos- del autor de la ocurrencia. 

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