Elaboran registro de empresas que buscan distintivo pro integridad

La Contraloría de Jalisco y la Coordinación de Desarrollo Económico ajustaron los lineamientos del registro de “empresas pro integridad”, luego de que esta herramienta se incluyó en la reciente reforma anticorrupción 2.0, con la intención de promover buenas prácticas entre las empresas que buscan ser proveedores públicos.

Según lo establecido en la ley, quienes formen parte del registro accederán a un distintivo que tendrá un valor agregado en el padrón de proveedores y contratistas estatales.

Los interesados en obtener este distintivo deben cumplir con requisitos como contar con un manual de organización y procedimientos que delimite funciones y responsabilidades de cada área de la empresa, así como sus distintas cadenas de mando. Debe contener el organigrama de la empresa, procesos específicos y mapeo de áreas vulnerables de la compañía.  

También deberán presentar su código de conducta publicado y socializado entre todos los miembros de la empresa, incluir mecanismos anticorrupción y detalles de la misión, visión y valores de la compañía.

Adicionalmente les piden contar con sistemas de control, vigilancia y auditorías que analicen periódicamente el cumplimiento de estándares de integridad de la empresa. También un sistema de denuncias con procesos disciplinarios y consecuencias concretas en los casos de personas que violente la normativa interna o la legislación.

Otros puntos considerados son: mecanismos de transparencia y sistemas de capacitación o entrenamiento.

Los lineamientos especifican que la Contraloría estatal emitirá la convocatoria, que se publicó en julio pasado antes de que el registro pro integridad quedara incluido en la legislación estatal.

El procedimiento de registro inicia con el llenado de un formulario disponible en la página oficial de la Contraloría. El reconocimiento tendrá vigencia de un año con la posibilidad de renovarse cumpliendo requisitos como haber acreditado por lo menos dos auditorías de cumplimiento de la política estatal de integridad.

La Contraloría puede cancelar el registro y quitar el distintivo a las empresas en caso de comprobarse falta de veracidad en su información. También si la compañía cambia de giro preponderante o suma actividades que impliquen necesidad de modificar su política de integridad.

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JM