LAURA CASTRO GOLARTE
La polémica por el donativo al Santuario de los Mártires ha generado una polarización en la sociedad, que preocupa.
Y, una vez más quiero aclarar, como han hecho otros colegas en diversos medios de comunicación y los mismos ciudadanos que se han manifestado en diversas ocasiones, que las críticas que hemos hecho no tienen que ver en lo absoluto ni con la construcción del Santuario, ni con la Iglesia católica; no es una cuestión de religión, mucho menos de fe.
Lo que se cuestiona es una decisión discrecional de quien representa a todos los jaliscienses, el gobernador Emilio González Márquez. Se trata de un acto de Gobierno que ahora, incluso, podría ser investigado por Gobernación y la Auditoría Superior de la Federación porque se presume la violación del Estado laico y, específicamente, de la Ley de Asociaciones Religiosas en donde se señala puntualmente que el Gobierno no deberá privilegiar a iglesia alguna, independientemente del credo.
Sin embargo, la oposición de varios sectores de la sociedad a la llamada “macrolimosna” ha generado reacciones de quienes sí están de acuerdo con ella, verdaderamente extremosas, como la reunión de firmas en las iglesias para llevarlas a Derechos Humanos como muestra de su aprobación a la decisión gubernamental; o bien, la impresión y distribución de calcomanías que, además del apoyo a Emilio, rezan “¡Viva Cristo Rey!”.
El enardecimiento en ambas posturas (durante las manifestaciones de la sociedad civil contra el donativo se han escuchado consignas de una visceralidad extrema contra el gobernador y el cardenal Juan Sandoval Íñiguez) no deja nada bueno y los únicos que pueden poner un alto y deberían hacerlo, son los involucrados.
Lamentablemente, no se ve, con base en las múltiples declaraciones tanto de González Márquez como del arzobispo de Guadalajara, que tengan la intención de cambiar de opinión.
Y, en este punto, sí quiero apelar a su sentido común y a la responsabilidad que tienen para con sus gobernados, uno, y sus feligreses, otro. ¿Por qué la aferrazón? Esa postura está haciendo daño a la sociedad. Si las cosas se ponen peor serán responsables, tendrían que actuar ya.
Bastaría, para distender los ánimos, con que se diera marcha atrás a la decisión discrecional del gobernador. Sería ideal que lo hicieran los dos, pero si no, por lo menos que en uno quepa la prudencia.
Hasta donde sabemos, la inversión en el Santuario de los Mártires se estima en dos mil millones de pesos y, en realidad, 90 millones no pintan. Una vez más: ¿por qué no regresan los 30 millones ya recibidos y rechazan los que faltan? ¿Es tan difícil desprenderse?
LAURA CASTRO GOLARTE/ Periodista.
Correo electrónico: lauracastro05@gmail.com
La polémica por el donativo al Santuario de los Mártires ha generado una polarización en la sociedad, que preocupa.
Y, una vez más quiero aclarar, como han hecho otros colegas en diversos medios de comunicación y los mismos ciudadanos que se han manifestado en diversas ocasiones, que las críticas que hemos hecho no tienen que ver en lo absoluto ni con la construcción del Santuario, ni con la Iglesia católica; no es una cuestión de religión, mucho menos de fe.
Lo que se cuestiona es una decisión discrecional de quien representa a todos los jaliscienses, el gobernador Emilio González Márquez. Se trata de un acto de Gobierno que ahora, incluso, podría ser investigado por Gobernación y la Auditoría Superior de la Federación porque se presume la violación del Estado laico y, específicamente, de la Ley de Asociaciones Religiosas en donde se señala puntualmente que el Gobierno no deberá privilegiar a iglesia alguna, independientemente del credo.
Sin embargo, la oposición de varios sectores de la sociedad a la llamada “macrolimosna” ha generado reacciones de quienes sí están de acuerdo con ella, verdaderamente extremosas, como la reunión de firmas en las iglesias para llevarlas a Derechos Humanos como muestra de su aprobación a la decisión gubernamental; o bien, la impresión y distribución de calcomanías que, además del apoyo a Emilio, rezan “¡Viva Cristo Rey!”.
El enardecimiento en ambas posturas (durante las manifestaciones de la sociedad civil contra el donativo se han escuchado consignas de una visceralidad extrema contra el gobernador y el cardenal Juan Sandoval Íñiguez) no deja nada bueno y los únicos que pueden poner un alto y deberían hacerlo, son los involucrados.
Lamentablemente, no se ve, con base en las múltiples declaraciones tanto de González Márquez como del arzobispo de Guadalajara, que tengan la intención de cambiar de opinión.
Y, en este punto, sí quiero apelar a su sentido común y a la responsabilidad que tienen para con sus gobernados, uno, y sus feligreses, otro. ¿Por qué la aferrazón? Esa postura está haciendo daño a la sociedad. Si las cosas se ponen peor serán responsables, tendrían que actuar ya.
Bastaría, para distender los ánimos, con que se diera marcha atrás a la decisión discrecional del gobernador. Sería ideal que lo hicieran los dos, pero si no, por lo menos que en uno quepa la prudencia.
Hasta donde sabemos, la inversión en el Santuario de los Mártires se estima en dos mil millones de pesos y, en realidad, 90 millones no pintan. Una vez más: ¿por qué no regresan los 30 millones ya recibidos y rechazan los que faltan? ¿Es tan difícil desprenderse?
LAURA CASTRO GOLARTE/ Periodista.
Correo electrónico: lauracastro05@gmail.com