ENTRE VERAS Y BROMAS
Tan cíclicas, repetitivas y hasta rutinarias como las referentes a los baches que reaparecen y la recuperación del Lago de Chapala que se produce —lo primero como por arte de magia; lo segundo, ya se sabe, por intercesión de la Virgen de Zapopan— en cuanto las lluvias del temporal se generalizan, son las informaciones que dan cuenta de derrumbes en casonas del pomposamente denominado Centro Histórico de Guadalajara. (“Pomposamente”, en efecto, porque los tapatíos, “históricamente”, han tenido el cuidado de borrar, lo mejor posible, las huellas de su propio pasado. Resultado: como no sea la tradición, no existe ningún vestigio de la Guadalajara original —mejor dicho: de la cuarta Guadalajara indiana— en el sitio de la fundación, a espaldas de un teatro construido en la segunda mitad del Siglo XIX y una plaza que los gobernantes en turno se sacaron de la manga ya bastante avanzado el Siglo XX.
—II—
Las casonas —abandonadas, inhabitables, ruinosas— que se deterioran, se derrumban y a la postre acrecientan el catálogo de muestras de decadencia de la otrora orgullosa “Perla de Occidente”, sobreviven como Dios les da a entender, haciendo El Paso de la Muerte entre dos legislaciones: un Código Urbano de reciente aprobación en el Congreso de Jalisco, y una ley federal que defiende, con uñas y dientes, las construcciones añosas. La primera de esas legislaciones pretende sentar las bases para que el inevitable crecimiento de las ciudades no implique cometer de nuevo los errores —muchos de los cuales, por desgracia, irremediables, irreversibles ya— que sistemáticamente se cometieron en el pasado. La segunda intenta preservar el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de las ciudades. Una contiene insuficiencias y limitaciones que la convierten, al decir de los expertos, en un catálogo de buenas intenciones. La otra se aferra a criterios que la hacen inoperante: no parece sensato condenar a infinidad de
fincas, por el solo hecho de ser antiguas, a agonizar en forma lenta y dolorosa..., ni parece justo condenar a sus legítimos propietarios, por el simple hecho de serlo, a obtener de esa condición más perjuicios que beneficios.
—III—
“En fin —como decía, sentenciosamente, la abuela—: más se perdió en el Diluvio... y nada era nuestro”.
Tan cíclicas, repetitivas y hasta rutinarias como las referentes a los baches que reaparecen y la recuperación del Lago de Chapala que se produce —lo primero como por arte de magia; lo segundo, ya se sabe, por intercesión de la Virgen de Zapopan— en cuanto las lluvias del temporal se generalizan, son las informaciones que dan cuenta de derrumbes en casonas del pomposamente denominado Centro Histórico de Guadalajara. (“Pomposamente”, en efecto, porque los tapatíos, “históricamente”, han tenido el cuidado de borrar, lo mejor posible, las huellas de su propio pasado. Resultado: como no sea la tradición, no existe ningún vestigio de la Guadalajara original —mejor dicho: de la cuarta Guadalajara indiana— en el sitio de la fundación, a espaldas de un teatro construido en la segunda mitad del Siglo XIX y una plaza que los gobernantes en turno se sacaron de la manga ya bastante avanzado el Siglo XX.
—II—
Las casonas —abandonadas, inhabitables, ruinosas— que se deterioran, se derrumban y a la postre acrecientan el catálogo de muestras de decadencia de la otrora orgullosa “Perla de Occidente”, sobreviven como Dios les da a entender, haciendo El Paso de la Muerte entre dos legislaciones: un Código Urbano de reciente aprobación en el Congreso de Jalisco, y una ley federal que defiende, con uñas y dientes, las construcciones añosas. La primera de esas legislaciones pretende sentar las bases para que el inevitable crecimiento de las ciudades no implique cometer de nuevo los errores —muchos de los cuales, por desgracia, irremediables, irreversibles ya— que sistemáticamente se cometieron en el pasado. La segunda intenta preservar el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de las ciudades. Una contiene insuficiencias y limitaciones que la convierten, al decir de los expertos, en un catálogo de buenas intenciones. La otra se aferra a criterios que la hacen inoperante: no parece sensato condenar a infinidad de
fincas, por el solo hecho de ser antiguas, a agonizar en forma lenta y dolorosa..., ni parece justo condenar a sus legítimos propietarios, por el simple hecho de serlo, a obtener de esa condición más perjuicios que beneficios.
—III—
“En fin —como decía, sentenciosamente, la abuela—: más se perdió en el Diluvio... y nada era nuestro”.