Esta semana la Comisión de Energía del Senado presentará a consideración del pleno siete dictámenes sobre Petróleos Mexicanos (Pemex). Cinco de ellos desecharán por “notoriamente improcedentes”, es decir, por anticonstitucionales, las iniciativas que envió Felipe Calderón para abrir las puertas de Pemex a los inversionistas privados en cinco áreas estratégicas: exploración, explotación, transporte, almacenamiento y transformación de los hidrocarburos del subsuelo de México.
En esas áreas habrá privatización de la industria petrolera nacional —dicen los observadores—. A ello se opusieron las bancadas del Frente Amplio Progresista y del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, se logró un acuerdo entre el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN) para aprobar dos cosas: que Pemex se convierta en una entidad autónoma —esto es, que se maneje sola, como el Banco de México, y no esté sometida al control del Congreso, como ocurre en estos días—, y cuente con una nueva ley orgánica, mediante la cual, en el consejo de administración de la paraestatal, tendrán voz y voto importantes empresarios locales y los dirigentes del sindicato petrolero, uno de los más corruptos del país.
Con esta modalidad privatizadora, funcionarios del Gobierno, ligados a empresas extranjeras, como Jesús Reyes Heroles, director de la paraestatal; magnates involucrados en el fraude electoral de 2006 y la mafia sindical de Carlos Romero Deschamps, quienes estarán en posición de hacer realidad uno de los sueños de la “reforma” calderónica: otorgar a sus amigos y cómplices contratos sin licitación ni apego a ninguna ley, de acuerdo al consejo de administración.
Según esos observadores, los contratos relativos al gas natural serán monopolizados por los gallegos de Repsol; los que impliquen renta de tecnología de punta para sacar el tesorito de las aguas profundas, quedarán en manos de las petroleras estadounidenses, británicas y del Norte de Europa. Y los contratos para volver a explotar los “campos marginales” serán otorgados a empresas canadienses.
Estamos en vísperas de consumar otro saqueo a la nación: gas para Repsol, crudo, de las aguas profundas, para Halliburton y British Petroleum, y campos marginales para los canadienses, repartido todo mediante contratos que asignarán Reyes Heroles, Morales Gil, Romero Deschamps, Televisa, Jumex, Bimbo y demás empresas participantes. Frente al engaño que está a punto de consumarse, la resistencia civil pacífica permanece en estado de alerta en todo el país.
El líder de esa resistencia insistió tres veces en un plan anticrisis; el pasado miércoles 8 de octubre, el Gobierno guardó silencio: unos, boquiabiertos al ver que el peso caía a 13 por dólar, mientras Calderón, muy aplicado, redactaba su propio plan, que en sus aspectos centrales resultó ser un plagio del que había expuesto López Obrador, y Calderón sin pagarle derechos de autor por la idea: “Detonaremos el empleo mediante la construcción de infraestructura”.
Sin comprender el enfoque esencial del plan de la resistencia: “Destinar 200 mil millones de pesos más los excedentes petroleros para reactivar el mercado interno”, Calderón movilizará considerables recursos que, en los hechos, se utilizarán en la compra de votos en las elecciones de 2009.
En la actual situación económica internacional sólo los irresponsables se atreverían a privatizar la mayor riqueza del país.
MARTHA GONZÁLEZ ESCOBAR / Divulgadora científica. UdeG.
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