Se desconoce cuál motivo es por el que el Gobierno estatal, ante el conflicto camionero, no actuó con llaneza y justicia, disponiendo el retiro de las concesiones de líneas de transporte que ya se vencen y adquiriendo camiones para integrar un parque vehicular que proteja el medio ambiente y sea adecuado para los pasajeros. Es decir, estatizar el transporte público.
Su solución al conflicto camionero se aproximó a los guiones de telenovelas cuyos personajes quieren arreglar todo con dinero, y disponiendo de un dinero que no es suyo, sino que le fue confiado para su buena administración, el titular del Ejecutivo estatal entregó un subsidio de 258 millones de pesos a los empresarios del transporte, que no a los ciudadanos, cantidad que se liquidará en el transcurso de los siguientes meses hasta unos días antes de la fecha de las elecciones intermedias; es evidente que se trata de una medida electorera para que no se reste más puntos al partido en el Gobierno de los que ya de por sí ha perdido.
Sin estudios técnicos que justifiquen que sin el aumento pregonado los empresarios de camiones se van a la quiebra, se les otorga el millonario subsidio sin compromiso de su parte para mejorar el mediocre servicio que prestan. La explicación a tan magnífico trato dispensado a estos propietarios de autobuses no está únicamente en la manera facilona de quitárselos de encima, sino también en que entre los propietarios de autobuses hay políticos de alto nivel que, violando las normas de las concesiones y utilizando prestanombres, han hecho del transporte público un negocio privado y ahí reside la posible causa de las impresionantes canonjías y consideraciones de que gozan.
Para ejemplo, el erario estatal ha destinado más de 600 millones de pesos para construir la ruta inicial del Macrobús, sobre la Calzada Independencia y avenida Gobernador Curiel. Los camioneros organizados en Asociación Civil nada más van a invertir en comprar los vehículos, que según los estudios se pagan solos en 18 meses, y explotarán la nueva fase del transporte de multitudes que se les entrega en bandeja de plata.
La necesidad de traslado de la sufrida clase trabajadora, amas de casa y estudiantes, que necesitan movilidad dentro de las calles de la ciudad, encontró eco en el economista de la Universidad de Guadalajara, Antonio Calderón Reynoso, quien hizo sus cálculos para resumir que si el costo del transporte tuviera el alza de los famosos siete pesos, las ganancias llegarían a, por cada unidad, ocho mil 300 pesos diarios, es decir, 251 mil pesos mensuales, o tres millones 13 mil 920 pesos al año; hay concesionarios que tienen decenas de camiones, a pesar del impedimento legal.
La estatización es la medida que resolvería todos los problemas del transporte público, menos los de los políticos millonarios, propietarios de decenas de unidades, no la medida elegida por el Gobierno estatal que nos dejó a merced de los camioneros que manejan como si transportaran recuas de mulas y no personas.
MARTHA GONZÁLEZ ESCOBAR / Divulgadora científica. UdeG.
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