La Ciudad de México hizo historia esta semana al convertirse en uno de los espacios políticos donde se ha reconocido jurídicamente el acceso al matrimonio para parejas del mismo sexo
La Ciudad de México hizo historia esta semana al convertirse en uno de los espacios políticos donde se ha reconocido jurídicamente el acceso al matrimonio para parejas del mismo sexo. Con los primeros cinco enlaces matrimoniales, el Distrito Federal se puso a la vanguardia de América Latina y a la par de la capital estadounidense o de países como España, el Reino Unido, Canadá, Holanda, Bélgica y Sudáfrica que han reconocido el matrimonio para parejas del mismo sexo.
Quienes se oponen al reconocimiento del derecho al matrimonio para parejas del mismo sexo, la Iglesia católica y el Partido Acción Nacional principalmente, argumentaron, entre otras cosas, el que se “haya legislado al vapor”, “sin haber consultado a la ciudadanía”, en un tema tan importante para la sociedad mexicana como es el matrimonio civil.
Si bien es cierto que la iniciativa para modificar el Código Civil la presentó el Diputado David Razú a fines de noviembre pasado y que la ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el 21 de diciembre del 2009, decir que se legisló al vapor o que no se consultó a la sociedad es un argumento falaz.
Desde 1971, con la creación del Frente para la Liberación Homosexual de México empezó la labor de incidencia en políticas públicas de un grupo de activistas LGBT mexicanos. Desde entonces mucho ha pasado, pero fue a partir del año 2000, con la alternancia en el Ejecutivo, que los activistas LGBT tuvieron una ventana de oportunidad política abierta para avanzar la agenda de la diversidad.
En particular, con el tema del reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, a partir del 2000 se vivió una discusión de seis años en los que grupos feministas y activistas LGBT se unieron a un grupo de aliados en varios partidos políticos como los extintos Partido Democracia Social y con Alternativa Socialdemócrata, que incluyeron los derechos de la diversidad sexual en sus plataformas electorales y que consiguieron aliados con un grupo en el PRD.
Durante esos años, AMLO fue más un obstáculo que un aliado para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo. En torno a la discusión de la Ley de Sociedades de Convivencia, que introdujo la ex Asambleísta Enoé Uranga en el 2001, AMLO se mostró tan ambivalente como hoy la priista Beatriz Paredes lo hace respecto al derecho a decidir de las mujeres.
En franco contraste, nadie duda que Marcelo Ebrard tenga aspiraciones presidenciales y pocos pueden argumentar que los matrimonios para parejas del mismo sexo le daría votos para ser presidente de México en el 2012 y pese a ello, el Jefe de Gobierno firmó los cambios al Código Civil en diciembre pasado y estuvo presente en los primeros enlaces matrimoniales en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
A final de cuentas, si el Diputado Razú, por demás un heterosexual que defendió la iniciativa como un asunto de derechos humanos, pudo presentar esa iniciativa de ley y la misma fue aprobada en un mes se debe, entre otras cosas, a ese largo historial de debates, de éxitos y fracasos, de aciertos estratégicos y hasta de errores de quienes han defendido la dignidad de las personas LGBT y de quienes creen que las instituciones, como el matrimonio, son flexibles y deben adecuarse a la realidad de una sociedad en la que la única constante es el cambio.
Politólogo e Internacionalista
Twitter@genarolozano
Quienes se oponen al reconocimiento del derecho al matrimonio para parejas del mismo sexo, la Iglesia católica y el Partido Acción Nacional principalmente, argumentaron, entre otras cosas, el que se “haya legislado al vapor”, “sin haber consultado a la ciudadanía”, en un tema tan importante para la sociedad mexicana como es el matrimonio civil.
Si bien es cierto que la iniciativa para modificar el Código Civil la presentó el Diputado David Razú a fines de noviembre pasado y que la ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el 21 de diciembre del 2009, decir que se legisló al vapor o que no se consultó a la sociedad es un argumento falaz.
Desde 1971, con la creación del Frente para la Liberación Homosexual de México empezó la labor de incidencia en políticas públicas de un grupo de activistas LGBT mexicanos. Desde entonces mucho ha pasado, pero fue a partir del año 2000, con la alternancia en el Ejecutivo, que los activistas LGBT tuvieron una ventana de oportunidad política abierta para avanzar la agenda de la diversidad.
En particular, con el tema del reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, a partir del 2000 se vivió una discusión de seis años en los que grupos feministas y activistas LGBT se unieron a un grupo de aliados en varios partidos políticos como los extintos Partido Democracia Social y con Alternativa Socialdemócrata, que incluyeron los derechos de la diversidad sexual en sus plataformas electorales y que consiguieron aliados con un grupo en el PRD.
Durante esos años, AMLO fue más un obstáculo que un aliado para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo. En torno a la discusión de la Ley de Sociedades de Convivencia, que introdujo la ex Asambleísta Enoé Uranga en el 2001, AMLO se mostró tan ambivalente como hoy la priista Beatriz Paredes lo hace respecto al derecho a decidir de las mujeres.
En franco contraste, nadie duda que Marcelo Ebrard tenga aspiraciones presidenciales y pocos pueden argumentar que los matrimonios para parejas del mismo sexo le daría votos para ser presidente de México en el 2012 y pese a ello, el Jefe de Gobierno firmó los cambios al Código Civil en diciembre pasado y estuvo presente en los primeros enlaces matrimoniales en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
A final de cuentas, si el Diputado Razú, por demás un heterosexual que defendió la iniciativa como un asunto de derechos humanos, pudo presentar esa iniciativa de ley y la misma fue aprobada en un mes se debe, entre otras cosas, a ese largo historial de debates, de éxitos y fracasos, de aciertos estratégicos y hasta de errores de quienes han defendido la dignidad de las personas LGBT y de quienes creen que las instituciones, como el matrimonio, son flexibles y deben adecuarse a la realidad de una sociedad en la que la única constante es el cambio.
Politólogo e Internacionalista
Twitter@genarolozano