Todo manual que tenga como objetivo orientar acertadamente al ciudadano para ayudarlo a producir el caos, deberá advertirle que éste tiene su origen en un determinado y específico perfil de la autoridad.
Sucede que la autoridad pública recibe esa denominación histórica justamente porque representa el poder de la sociedad para establecer metas comunes en todo tipo de aspectos, conservar el orden, hacer cumplir las leyes, sancionar su infracción, y actuar de tal forma que merezca el respeto general de los ciudadanos. Estas acciones no pueden ser intermitentes ni aleatorias, ni puede el respeto a la autoridad mantenerse con base a la tradición o a la inercia.
No obstante desde que se impuso en México y particularmente en Jalisco un sistema de Gobierno al parecer exclusivamente orientado a ganar las siguientes elecciones, todo se ha trastocado. No voy a hablar del amañado manejo del presupuesto en orden a la siguiente campaña electoral, pero sí de la manera en que los gobernantes en turno han ido minando el respeto a la autoridad en orden a conservar o aumentar el número de simpatizantes.
Seguramente a alguno de los cotizados asesores de imagen, que no de política, se les ocurrió pensar que el ejercicio de la autoridad crea antipatías, y que mostrar un Gobierno glamoroso, condescendiente, tolerante y bonachón era el mejor camino para conservarse en el puesto. Este tipo de percepciones es lo que entre otras cosas tiene al Centro Histórico arruinado y convertido en basurero, porque sancionar a los dueños de fincas derrumbadas o por caerse no da votos, menos si se trata de poderosos casatenientes; tampoco da votos multar una y cuantas veces sea necesario a quienes arrojan basura por todas partes. Dado que la autoridad se ausenta y renuncia a cumplir con esta parte importante de su función, se va creando la percepción de que, o no hay autoridad, o que hay permiso para delinquir, toda vez que no pasa nada cuando se asaltan casas, personas y negocios, y la mayor parte de automovilistas siguen sus personales reglas de tránsito.
Pero los mismos funcionarios acaban teniendo tal percepción puesto que sus errores, graves o ligeros, quedan impunes; obras públicas de costos millonarios que fueron mal hechas y acabaron por reventar no traen consecuencias judiciales para los responsables; regidores que dieron permiso o toleraron el que tales o cuales zonas de riesgo fuesen habitadas, no son llamados a comparecer cuando ocurren tragedias en dichos lugares. En último término todo mundo acaba haciendo lo que le pega la gana, sabedores que la preocupación fundamental del Gobierno es la próxima campaña electoral, y que con tal de ganar están dispuestos a pasar por alto lo que sea.
También el narco está informado de que en Jalisco el poder público es de telenovela. Lo grave del asunto es que cuando el caos efectivamente se haga total, va a ser muy difícil reconstruir la autoridad, y los funcionarios que la debilitaron, como de costumbre, permanecerán impunes.
ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO / Licenciado en Historia.