El tema migratorio, como nos hemos podido dar cuenta, es una seria preocupación para los países anfitriones que normalmente son los más desarrollados, pues tienen una economía fuerte y vigorosa, como en el Continente Americano son los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá y, en la Unión Europea (UE) casi todos sus miembros, como España, Francia, Italia o Alemania.
El problema que tienen en la Unión Europea sobre los ilegales para generalizar una sola política, tiene que ver con la diferencia de opinión que hay entre algunos de sus miembros. Ocho de ellos proponen que cada país lo resuelva a su manera, el resto pugna por una solución integral.
Son 12 estados del Mediterráneo que reciben flujos de inmigrantes indocumentados por el mar que huyen de sus países en algún lugar de África, arriesgando la vida —un país como el nuestro, como exclamaba el ex embajador de México en Canadá, don Agustín Barrios Gómez—, igual que en México, como bien lo sabemos se arriesgan y se enfrentan, igual que en ese otro Continente, al combate en contra de los ilegales como les sucede a los desesperados africanos. Ahora supimos que en Italia se han desatado las redadas por todos lados.
Lo vimos en Atenas y en España: trabajan como vendedores de los productos que rechazan las mafias de la moda con ropa sin marca, buena, pero sin marca, o cualquier otro producto pirata. Los vimos cómo viven a salto de mata, con los productos envueltos en una cobija, misma que recogen hábilmente y se la echan a la espalda en cuanto reciben el aviso de que anda por ahí la Policía.
Ganan cualquier cosa, pero esa cualquier cosa es mejor que nada, como les pasaba en sus tierras desérticas donde además están acosados por la brutalidad política tribal.
Francia propone que hay que mandar a los inspectores y cubrir un porcentaje de las compañías en los sectores económicos donde se sabe hay niveles altos de trabajadores ilegales, como es el comercio callejero o la industria de la construcción, el turismo o la agricultura. Los alemanes proponen embargar las propiedades inmuebles donde se albergan los ilegales, y los italianos que haya sanciones penales y patrimoniales con los empleadores de los ilegales. El hecho es que este tema se ha convertido en una tarea impostergable y España no sabe qué hacer con los que llegan —si logran llegar— a la Costa del Sol. Por eso, la consolidación de una política migratoria que pueda atender las necesidades laborales de los países miembros de la UE y disminuya la inmigración clandestina, se ha convertido en una prioridad para Nicolás Sarkozy, el actual presidente de la UE.
La Comisión Europea estima que hay alrededor de ocho millones de inmigrantes ilegales entre las 27 de la UE, donde “la facilidad para conseguir trabajo sin permiso, es el principal factor que impulsa la llegada de más indocumentados y el culpable es quien explota y aprovecha la miseria de éstos.
MARTÍN CASILLAS DE ALBA / Escritor y cronista.
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