El “cambio” anunciado por el titular del Ejecutivo no trascendió el discurso: su propuesta —entregada por Carstens a los diputados— no toca al gran capital y sus privilegios fiscales; sobre los cautivos de siempre caerá un alud de impuestos (incluido IVA disfrazado en alimentos y medicinas) y aumentos en precios y tarifas del sector público; la “supresión” de dependencias del Ejecutivo se limita a tres, con un mínimo ahorro, y que los pobres de México se mantendrán, porque el “gran esfuerzo” presupuestal del Gobierno federal para “superar” esa condición no alcanza más de 7.79 pesos diarios por persona.
Con la “desaparición” de tres secretarías del Ejecutivo (Reforma Agraria, Turismo y Función Pública), el “ahorro” obtenido equivale a 0.5% del gasto programable autorizado para 2009 (11 mil 373 millones de pesos); a una reducción de 0.3% de la burocracia federal (siete mil 651 empleados) y a 0.57% de las erogaciones federales por servicios personales (tres mil 066 millones). Eso no es otra cosa que la “incorporación” de la Secretaría de Turismo a la de Economía, la de Reforma Agraria a la Sagarpa, y la “transformación” de la Función Pública en una “contraloría de la nación que dependerá directamente de la Presidencia de la República”.
Según datos de Calderón Hinojosa, las “familias beneficiarias de Oportunidades pasarán de “un poco más de cinco millones a 6.5 millones, lo que significa que (...) estará beneficiando a casi 33 millones de mexicanos, casi una tercera parte de la población nacional, y que son las familias que menos tienen en nuestro país”.
El cálculo está equivocado; el Inegi informó que en México cada familia se compone, en promedio, por 4.3 integrantes, de tal suerte que los 6.5 millones citados por el inquilino de Los Pinos suman 27.95 millones de personas, no 33 millones. De todos modos, para “contener el crecimiento de la pobreza extrema y mitigar los efectos de la crisis”, en 2010 el Gobierno federal destinaría dos mil millones 844.36 pesos anuales por pobre, es decir, 7.79 pesos diarios a cada uno.
No se tocan los regímenes tributarios especiales del gran capital, los que, según la propia Secretaría de Hacienda, para 2010 equivalen a 4% del PIB, es decir, la mitad de los ingresos tributarios estimados en la Ley de Ingresos 2009. Ésa es la mejor prueba de que ni esfuerzo ni cambio, las finanzas públicas tendrían inmediato alivio si se cancelara ese injusto rubro. Independientemente de que se obligaría a los empresarios a obtener utilidades por la vía de la productividad y la competencia.
La decisión está en los diputados, donde mayoritariamente se han manifestado en contra de más impuestos a los mexicanos. Habrá que constatar si van en serio o, como en el caso de Los Pinos, fue un discurso.
A 19 meses de distancia del inicio de la crisis, se anuncia que en el presupuesto 2010 el gasto programable se reducirá en 218 mil millones de pesos con respecto a 2009. Menor gasto, más impuestos, mayores precios y tarifas del sector público. El siguiente año puede ser terrible.
MARTHA GONZÁLEZ ESCOBAR / Divulgadora científica. UdeG.
Correo electrónico: marthaggonzalez@yahoo.com.mx
Con la “desaparición” de tres secretarías del Ejecutivo (Reforma Agraria, Turismo y Función Pública), el “ahorro” obtenido equivale a 0.5% del gasto programable autorizado para 2009 (11 mil 373 millones de pesos); a una reducción de 0.3% de la burocracia federal (siete mil 651 empleados) y a 0.57% de las erogaciones federales por servicios personales (tres mil 066 millones). Eso no es otra cosa que la “incorporación” de la Secretaría de Turismo a la de Economía, la de Reforma Agraria a la Sagarpa, y la “transformación” de la Función Pública en una “contraloría de la nación que dependerá directamente de la Presidencia de la República”.
Según datos de Calderón Hinojosa, las “familias beneficiarias de Oportunidades pasarán de “un poco más de cinco millones a 6.5 millones, lo que significa que (...) estará beneficiando a casi 33 millones de mexicanos, casi una tercera parte de la población nacional, y que son las familias que menos tienen en nuestro país”.
El cálculo está equivocado; el Inegi informó que en México cada familia se compone, en promedio, por 4.3 integrantes, de tal suerte que los 6.5 millones citados por el inquilino de Los Pinos suman 27.95 millones de personas, no 33 millones. De todos modos, para “contener el crecimiento de la pobreza extrema y mitigar los efectos de la crisis”, en 2010 el Gobierno federal destinaría dos mil millones 844.36 pesos anuales por pobre, es decir, 7.79 pesos diarios a cada uno.
No se tocan los regímenes tributarios especiales del gran capital, los que, según la propia Secretaría de Hacienda, para 2010 equivalen a 4% del PIB, es decir, la mitad de los ingresos tributarios estimados en la Ley de Ingresos 2009. Ésa es la mejor prueba de que ni esfuerzo ni cambio, las finanzas públicas tendrían inmediato alivio si se cancelara ese injusto rubro. Independientemente de que se obligaría a los empresarios a obtener utilidades por la vía de la productividad y la competencia.
La decisión está en los diputados, donde mayoritariamente se han manifestado en contra de más impuestos a los mexicanos. Habrá que constatar si van en serio o, como en el caso de Los Pinos, fue un discurso.
A 19 meses de distancia del inicio de la crisis, se anuncia que en el presupuesto 2010 el gasto programable se reducirá en 218 mil millones de pesos con respecto a 2009. Menor gasto, más impuestos, mayores precios y tarifas del sector público. El siguiente año puede ser terrible.
MARTHA GONZÁLEZ ESCOBAR / Divulgadora científica. UdeG.
Correo electrónico: marthaggonzalez@yahoo.com.mx