En abril de 2007, los ambientalistas de La Manzanilla, asesorados por el Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), promovieron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa): “En la playa que colinda con el estuario y el manglar, entre La Manzanilla y Boca de Iguanas, se están llevando a cabo construcciones de casas habitacionales que provocan la destrucción de la duna costera y la afectación del hábitat de la tortuga marina y del cocodrilo americano”, señalaron entonces, según información de Agustín del Castillo (“Público”, 18/05/08/).
La Profepa no hizo nada, como casi siempre, y el proceso de deterioro continuó, como siempre, y hay un culpable designado: el presidente ejidal Osvaldo Suazo, también regidor de Ecología, del municipio de La Huerta, ya que no va a frenar construcciones en las cuales alquila su maquinaria y se beneficia de la venta de los inmuebles, según reclamos de los pobladores.
El encargado del agua, Leopoldo Loza, alerta sobre el problema de la urbanización desordenada: “Pronto no habrá agua potable porque será insuficiente la que se dispone”. Está mal buscar culpables en personas, es probablemente el ambiente del Gobierno federal que permea todo el territorio nacional, pues él es quien no se ha preocupado por fortalecer las pequeñas organizaciones municipales, gremiales y ejidales, para que mantenga sus terrenos, sembradíos y pastizales que finalmente proporcionan alimentos.
Por ejemplo, hace 30 años empezó a extenderse la ganadería, también sin ton, ni son, en la microcuenca de dos mil 500 hectáreas que alimenta el estero de La Manzanilla; ahora la deforestación alcanza 65% del territorio, lo que conduce a la pérdida irremediable de la frágil selva, incluidas las cañadas frescas y un importante número de especies vivas. La misma construcción de la carretera cortó el flujo de agua dulce hacia los esteros y propicia una mayor salinización.
El agua está muy sobreexplotada, no para quehaceres agropecuarios, sino para usos urbanos y suntuarios. Un ejemplo es el campo de golf de 19 hoyos de El Tamarindo, que es regado desde pozos de la cuenca. El drenaje es pésimo, porque la especulación impulsó su crecimiento, entre muchos otros aspectos: los palmares son talados para que las lujosas casas de descanso de extranjeros puedan extenderse por los terrenos, en las playas deambulan vehículos con motor que mueven la basura de un lado a otro, los cocodrilos se abren paso entre los humanos que presionan su medio, otras especies menos apacibles han ido desapareciendo.
Suazo explica que hay terrenos que se rematan a 30 millones de pesos la hectárea —los que están cerca de la playa, del estero o de los desfiladeros rocosos con vista al Pacífico—. En otras partes no dan más de 100 pesos por metro. Al final casi todo se venderá. Los campesinos nunca recibieron apoyos para hacer tierras de verdad productivas.
El resultado será que el ejido perderá sus dominios, es posible que siga siendo una tierra de gringos, pero habitable y cálida, si es que tiene éxito el tardío plan de desarrollo urbano y territorial que busca el disminuido núcleo agrario
MARTHA GONZÁLEZ ESCOBAR / Divulgadora científica. UdeG.
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