El Presidente Felipe Calderón, los gobernadores de los 31 estados del país y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Congreso, el Poder Judicial y representantes sociales aprobaron ayer por unanimidad, en una inédita reunión, el “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad”, para combatir la delincuencia organizada. El documento incluye compromisos como la depuración de las policías y los órganos de justicia, la creación de penales de alta seguridad, el seguimiento del gasto en materia de seguridad, el registro de teléfonos celulares y la promoción de la cultura de la legalidad.
El encuentro de tres horas de las autoridades, realizado en el Palacio Nacional, reunió por primera vez en la historia del Consejo Nacional de Seguridad Pública, creado en 1995, a todos lo integrantes de este órgano, convocados por la indignación social ante la ola de violencia que azota al país. De esta reunión ha nacido un río de dolorosos reclamos.
“Si piensan que es imposible, que no se puede, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de los gobiernos (federal, estatales y municipales), ni sigan recibiendo un sueldo, que sin hacer nada (cobrarlo) también es corrupción”. Así, con el corazón sangrante y con la garganta a punto de cerrársele por la acometida del dolor, el empresario Alejandro Martí se dirigió a esa inédita reunión sobre seguridad nacional.
Hacía unos instantes, el padre del adolescente Fernando Martí, asesinado por sus secuestradores, había preguntado a toda esa clase política en pleno: “¿Quién es más culpable: el que deja hacer o el que hace?”
Las participaciones de Martí y, después, de María Elena Morera, presidenta de la Asociación México Unido contra la Delincuencia, se habían transfigurado en una tormenta doliente de reclamos a una clase política enmudecida ante ese feroz restregamiento de la realidad. “Que no sea este acuerdo sólo para salir en la foto”, advertía María Elena Morera. “Vemos con buenos ojos este acuerdo nacional que hoy se firma, pero desde hace mucho tiempo tenemos un gran acuerdo nacional, que se llama Constitución, que los obliga a coordinarse como mandato de ley, y no sólo como un gesto de voluntad política”.
Durante toda la reunión, fueron inobjetablemente claros los destinatarios de esas dos voces que, de súbito, se invistieron con la representación de una sociedad, la mexicana, virtualmente secuestrada por la delincuencia organizada.
Se ha firmado un nuevo acuerdo, como tantos otros que ha habido en sexenios anteriores; éstos no han dado resultados en favor de la sociedad, que hoy reclama a voz en cuello que quienes tienen en sus manos los destinos del país cumplan cabalmente con su responsabilidad, y que habrá de estar vigilante de que, ahora sí, se cumplan cada uno de los puntos contenidos en dicho acuerdo.
México lo necesita, lo exige y, a su tiempo, pedirá cuentas.
El encuentro de tres horas de las autoridades, realizado en el Palacio Nacional, reunió por primera vez en la historia del Consejo Nacional de Seguridad Pública, creado en 1995, a todos lo integrantes de este órgano, convocados por la indignación social ante la ola de violencia que azota al país. De esta reunión ha nacido un río de dolorosos reclamos.
“Si piensan que es imposible, que no se puede, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de los gobiernos (federal, estatales y municipales), ni sigan recibiendo un sueldo, que sin hacer nada (cobrarlo) también es corrupción”. Así, con el corazón sangrante y con la garganta a punto de cerrársele por la acometida del dolor, el empresario Alejandro Martí se dirigió a esa inédita reunión sobre seguridad nacional.
Hacía unos instantes, el padre del adolescente Fernando Martí, asesinado por sus secuestradores, había preguntado a toda esa clase política en pleno: “¿Quién es más culpable: el que deja hacer o el que hace?”
Las participaciones de Martí y, después, de María Elena Morera, presidenta de la Asociación México Unido contra la Delincuencia, se habían transfigurado en una tormenta doliente de reclamos a una clase política enmudecida ante ese feroz restregamiento de la realidad. “Que no sea este acuerdo sólo para salir en la foto”, advertía María Elena Morera. “Vemos con buenos ojos este acuerdo nacional que hoy se firma, pero desde hace mucho tiempo tenemos un gran acuerdo nacional, que se llama Constitución, que los obliga a coordinarse como mandato de ley, y no sólo como un gesto de voluntad política”.
Durante toda la reunión, fueron inobjetablemente claros los destinatarios de esas dos voces que, de súbito, se invistieron con la representación de una sociedad, la mexicana, virtualmente secuestrada por la delincuencia organizada.
Se ha firmado un nuevo acuerdo, como tantos otros que ha habido en sexenios anteriores; éstos no han dado resultados en favor de la sociedad, que hoy reclama a voz en cuello que quienes tienen en sus manos los destinos del país cumplan cabalmente con su responsabilidad, y que habrá de estar vigilante de que, ahora sí, se cumplan cada uno de los puntos contenidos en dicho acuerdo.
México lo necesita, lo exige y, a su tiempo, pedirá cuentas.