La seguridad es el servicio público más importante que el Estado brinda a los ciudadanos y habitantes en su territorio. Todo el desarrollo de las comunidades se sustenta en la confianza de que existe un orden y que se hará respetar por parte de las autoridades; este orden es la ley, y el respeto es el uso de la fuerza pública.
En nuestro país se está rompiendo la confianza que los ciudadanos tenemos en que las autoridades puedan o quieran hacer cumplir con las leyes. El proceso de deterioro de la credibilidad en las instituciones ha sido largo, pero se ha acentuado en los últimos 10 años, en los cuales ha crecido la impunidad, se han profundizado las acciones del crimen organizado dentro de las comunidades, aumentando la incidencia delictiva, el consumo de drogas entre la juventud y la tolerancia a la violencia como parte de la vida cotidiana.
La situación ha llegado a tal grado, que grupos delictivos han desafiado abiertamente al Estado apoderándose de territorios enteros y corrompiendo a los cuerpos de seguridad; han organizado empresas privadas y han patrocinado intereses políticos en muchas regiones de México.
Las manifestaciones violentas de las que somos testigos son sólo una muestra de la disputa entre grupos que detentan un poder tal, que viven por encima de la capacidad de operación del Estado. Por eso ha llegado el momento de plantear a la Nación un verdadero esfuerzo nacional para el combate a la impunidad.
No se trata sólo de combatir a la delincuencia, sino de trabajar para construir una sociedad que deje de lado la simulación y las apariencias. Éste es el fondo del problema, y no sólo la retórica que genere simpatía. El Gobierno habrá de tomar decisiones difíciles y correr el riesgo de un enfrentamiento directo con las fuerzas irregulares que pretenden apoderarse de la conducción real del país.
Al inicio del periodo de gobierno de habló de una guerra contra la delincuencia, que poco a poco se ha ido diluyendo ante las dificultades encontradas; ahora no hay más camino que reforzar la seguridad de los ciudadanos de una forma profesional.
La reunión de seguridad convocada por el Presidente Calderón tendrá sentido sólo si de ahí se derivan acciones contundentes y no sólo iniciativas de reformas legales, porque el problema no es de legislación, sino de aplicación de la ley; no verlo de esa forma es engañarnos.
Ha llegado la hora de que las autoridades federales y locales dejen de lado la brújula de las encuestas de opinión para asumir la responsabilidad de reencauzar a México en el camino del respeto al Estado de derecho, ésa y no otra es la gran misión que la historia ha colocado frente a las autoridades en turno. Junto a ellos todos debemos hacer nuestra parte, pero sin duda el liderazgo en este asunto no puede ser tomado por nadie más que no sea el Estado; renunciar a él sería el principio de una degradación de pronósticos no deseados por nadie. Es tiempo de poner orden con decisión y patriotismo.
LUIS SALOMÓN / Doctor en Derecho.
lsalomon@iberlinks.com.mx
En nuestro país se está rompiendo la confianza que los ciudadanos tenemos en que las autoridades puedan o quieran hacer cumplir con las leyes. El proceso de deterioro de la credibilidad en las instituciones ha sido largo, pero se ha acentuado en los últimos 10 años, en los cuales ha crecido la impunidad, se han profundizado las acciones del crimen organizado dentro de las comunidades, aumentando la incidencia delictiva, el consumo de drogas entre la juventud y la tolerancia a la violencia como parte de la vida cotidiana.
La situación ha llegado a tal grado, que grupos delictivos han desafiado abiertamente al Estado apoderándose de territorios enteros y corrompiendo a los cuerpos de seguridad; han organizado empresas privadas y han patrocinado intereses políticos en muchas regiones de México.
Las manifestaciones violentas de las que somos testigos son sólo una muestra de la disputa entre grupos que detentan un poder tal, que viven por encima de la capacidad de operación del Estado. Por eso ha llegado el momento de plantear a la Nación un verdadero esfuerzo nacional para el combate a la impunidad.
No se trata sólo de combatir a la delincuencia, sino de trabajar para construir una sociedad que deje de lado la simulación y las apariencias. Éste es el fondo del problema, y no sólo la retórica que genere simpatía. El Gobierno habrá de tomar decisiones difíciles y correr el riesgo de un enfrentamiento directo con las fuerzas irregulares que pretenden apoderarse de la conducción real del país.
Al inicio del periodo de gobierno de habló de una guerra contra la delincuencia, que poco a poco se ha ido diluyendo ante las dificultades encontradas; ahora no hay más camino que reforzar la seguridad de los ciudadanos de una forma profesional.
La reunión de seguridad convocada por el Presidente Calderón tendrá sentido sólo si de ahí se derivan acciones contundentes y no sólo iniciativas de reformas legales, porque el problema no es de legislación, sino de aplicación de la ley; no verlo de esa forma es engañarnos.
Ha llegado la hora de que las autoridades federales y locales dejen de lado la brújula de las encuestas de opinión para asumir la responsabilidad de reencauzar a México en el camino del respeto al Estado de derecho, ésa y no otra es la gran misión que la historia ha colocado frente a las autoridades en turno. Junto a ellos todos debemos hacer nuestra parte, pero sin duda el liderazgo en este asunto no puede ser tomado por nadie más que no sea el Estado; renunciar a él sería el principio de una degradación de pronósticos no deseados por nadie. Es tiempo de poner orden con decisión y patriotismo.
LUIS SALOMÓN / Doctor en Derecho.
lsalomon@iberlinks.com.mx