En sólo siete de las 32 entidades federativas del país, las constituciones locales tienen legislación para evaluar y sancionar los abusos de recursos públicos, incluyendo la posibilidad, si es menester, de que el mandatario estatal pueda ser cuestionado por: “Manejo indebido de fondos y recursos federales”. Y si vemos el panorama de los municipios, el asunto resulta más oscuro, pues en México hay dos mil 440, sólo en 373 se encuentra 80% del Producto Interno Bruto (PIB) y habita 65% de la población; a pesar de ello, nada más 97 publican su presupuesto de egresos para 2009, como lo expresa el Índice Municipal de Información Presupuestal.
Es decir que la transparencia en el manejo de los recursos públicos en los estados y, especialmente, en los municipios, resulta un terreno de opacidad casi absoluta, donde control y sanciones son evanescentes. Terreno nebuloso fácilmente aprovechable para “motivar” a los electores a votar por la “permanencia”, a través de campañas electorales con recursos públicos, destinados, originalmente, a las necesidades de los ciudadanos, pero aprovechados para la reelección.
Dejando para otro momento el análisis sobre el principio de no reelección, las nebulosas bajo las que la mayoría de los municipios operan sus recursos, deja en un terreno pantanoso esta propuesta; la que sin la previa modificación de los controles del gasto público, queda con la franca oportunidad para el abuso de los recursos, destino y objetivos.
Y no es que la propuesta de Calderón resulte absurda, por el contrario, tiene lógica; siempre y cuando se cambien las condiciones para que sea posible favorecer la atención ciudadana y se deje paso a la evaluación autónoma y al castigo —si ha lugar— de quienes no hubieran hecho bien su trabajo. Luego, lo que complejiza la propuesta, además del principio de no reelección, que costó tantas vidas y que ha sido uno de los garantes de nuestra democracia, es el contexto de opacidad en la transparencia y la carencia de una legislación —así como del órgano autónomo— que sancione los —posibles— malos manejos de las finanzas públicas.
Un encubierto manejo de los dineros de muchos municipios que, en las actuales condiciones, puede ser encaminado para proyectar el aparato electoral que permita la reelección del munícipe en turno. Un efecto no deseado desde Los Pinos que, a pesar de las buenas voluntades, puede generar mucho más dispendio y el “manejo indebido de fondos y recursos federales”, enviados para el bienestar de las comunidades, pueblos y estados, pero utilizados para asegurar reelecciones.
El argumento de Calderón para la propuesta que envió al Legislativo, fue: “Hay que pasar del sufragio efectivo de la Revolución, a la democracia efectiva del cambio en 2010”. Lo que significa que es el momento para que tanto la Cámara de Senadores, como la de Diputados realicen el trabajo de fondo necesario para analizar la propuesta y decidir, con base en ventajas y desventajas, si la propuesta es viable, o si primero se realizan los cambios en la transparencia y se deja para más adelante, cuando esta democracia tenga un poco de más madurez, ese “pasar el sufragio efectivo”.
LOURDES BUENO / Investigadora de la UdeG.
Correo electrónico: lourdesbueno03@yahoo.com.mx
Es decir que la transparencia en el manejo de los recursos públicos en los estados y, especialmente, en los municipios, resulta un terreno de opacidad casi absoluta, donde control y sanciones son evanescentes. Terreno nebuloso fácilmente aprovechable para “motivar” a los electores a votar por la “permanencia”, a través de campañas electorales con recursos públicos, destinados, originalmente, a las necesidades de los ciudadanos, pero aprovechados para la reelección.
Dejando para otro momento el análisis sobre el principio de no reelección, las nebulosas bajo las que la mayoría de los municipios operan sus recursos, deja en un terreno pantanoso esta propuesta; la que sin la previa modificación de los controles del gasto público, queda con la franca oportunidad para el abuso de los recursos, destino y objetivos.
Y no es que la propuesta de Calderón resulte absurda, por el contrario, tiene lógica; siempre y cuando se cambien las condiciones para que sea posible favorecer la atención ciudadana y se deje paso a la evaluación autónoma y al castigo —si ha lugar— de quienes no hubieran hecho bien su trabajo. Luego, lo que complejiza la propuesta, además del principio de no reelección, que costó tantas vidas y que ha sido uno de los garantes de nuestra democracia, es el contexto de opacidad en la transparencia y la carencia de una legislación —así como del órgano autónomo— que sancione los —posibles— malos manejos de las finanzas públicas.
Un encubierto manejo de los dineros de muchos municipios que, en las actuales condiciones, puede ser encaminado para proyectar el aparato electoral que permita la reelección del munícipe en turno. Un efecto no deseado desde Los Pinos que, a pesar de las buenas voluntades, puede generar mucho más dispendio y el “manejo indebido de fondos y recursos federales”, enviados para el bienestar de las comunidades, pueblos y estados, pero utilizados para asegurar reelecciones.
El argumento de Calderón para la propuesta que envió al Legislativo, fue: “Hay que pasar del sufragio efectivo de la Revolución, a la democracia efectiva del cambio en 2010”. Lo que significa que es el momento para que tanto la Cámara de Senadores, como la de Diputados realicen el trabajo de fondo necesario para analizar la propuesta y decidir, con base en ventajas y desventajas, si la propuesta es viable, o si primero se realizan los cambios en la transparencia y se deja para más adelante, cuando esta democracia tenga un poco de más madurez, ese “pasar el sufragio efectivo”.
LOURDES BUENO / Investigadora de la UdeG.
Correo electrónico: lourdesbueno03@yahoo.com.mx