Un problema que de manera reiterada se ha venido señalando en diversos foros y de las más distintas maneras, es el que representan para los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, los llamados “apartalugares” o “franeleros”, que se han convertido en los dueños de las calles y llevan a cabo su actividad en la mayor impunidad.
Esta situación se ha convertido en una molestia para los automovilistas, quienes además de sufrir para encontrar un lugar en dónde estacionar su vehículo, cuando tienen la suerte de hallarlo se enfrentan con que deben pagar una “cuota” que ha dejado de ser voluntaria, porque los “apartalugares” hasta se han dado el lujo de establecerla, y si no acceden al pago se ponen en riesgo de que su automóvil sufra algún daño.
El problema no es menor, se trata de una situación que debe combatirse con carácter de urgente, pues no hay en Guadalajara una zona libre de los “viene-viene” o “franeleros”, como también se les conoce. Están en todas partes, en los alrededores de templos y mercados, en las calles cercanas a los tianguis, en las escuelas, en los centros de diversión. Los hay que hasta ofrecen depositar monedas en los parquímetros “cuando venga el inspector”... Son, pues, los dueños de la calle. Y cuidado con rechazar sus “servicios”, no sólo se verá imposibilitado para estacionar su vehículo, sino incluso hasta puede tener un altercado desagradable, ya que suelen mostrarse agresivos. Prueba de esto último se tiene en los alrededores del Santuario de Guadalupe, justo en la zona de venta de muestras médicas.
Hace algún tiempo, siendo alcalde de Guadalajara el hoy gobernador del Estado, Emilio González Márquez, hubo un intento de tener bajo control a este gremio. Se les propuso inscribirse a un padrón, usar uniforme y hasta contar con una credencial para poder ejercer su oficio. Como era de esperarse, la medida no funcionó, porque nadie puede legalizar lo ilegal, y las leyes son muy claras: nadie puede cambiar el uso de suelo (en este caso la vía pública) sin una autorización previa.
Aquel intento quedó para la historia, el problema se mantiene y ha ido creciendo conforme pasan los meses, sin que haya autoridad que enfrente la situación a fondo, realice un estudio sobre el particular y emprenda acciones concretas para ponerle fin. Es tiempo de que las cosas cambien, porque si bien es cierto que a nadie se le puede negar el derecho al trabajo, a ganarse la vida honestamente, también lo es que se debe respetar el derecho de los demás, en este caso el de los ciudadanos que no pueden usar libremente la vía pública. La autoridades, sean municipales o estatales, tienen aquí una tarea pendiente.
Esta situación se ha convertido en una molestia para los automovilistas, quienes además de sufrir para encontrar un lugar en dónde estacionar su vehículo, cuando tienen la suerte de hallarlo se enfrentan con que deben pagar una “cuota” que ha dejado de ser voluntaria, porque los “apartalugares” hasta se han dado el lujo de establecerla, y si no acceden al pago se ponen en riesgo de que su automóvil sufra algún daño.
El problema no es menor, se trata de una situación que debe combatirse con carácter de urgente, pues no hay en Guadalajara una zona libre de los “viene-viene” o “franeleros”, como también se les conoce. Están en todas partes, en los alrededores de templos y mercados, en las calles cercanas a los tianguis, en las escuelas, en los centros de diversión. Los hay que hasta ofrecen depositar monedas en los parquímetros “cuando venga el inspector”... Son, pues, los dueños de la calle. Y cuidado con rechazar sus “servicios”, no sólo se verá imposibilitado para estacionar su vehículo, sino incluso hasta puede tener un altercado desagradable, ya que suelen mostrarse agresivos. Prueba de esto último se tiene en los alrededores del Santuario de Guadalupe, justo en la zona de venta de muestras médicas.
Hace algún tiempo, siendo alcalde de Guadalajara el hoy gobernador del Estado, Emilio González Márquez, hubo un intento de tener bajo control a este gremio. Se les propuso inscribirse a un padrón, usar uniforme y hasta contar con una credencial para poder ejercer su oficio. Como era de esperarse, la medida no funcionó, porque nadie puede legalizar lo ilegal, y las leyes son muy claras: nadie puede cambiar el uso de suelo (en este caso la vía pública) sin una autorización previa.
Aquel intento quedó para la historia, el problema se mantiene y ha ido creciendo conforme pasan los meses, sin que haya autoridad que enfrente la situación a fondo, realice un estudio sobre el particular y emprenda acciones concretas para ponerle fin. Es tiempo de que las cosas cambien, porque si bien es cierto que a nadie se le puede negar el derecho al trabajo, a ganarse la vida honestamente, también lo es que se debe respetar el derecho de los demás, en este caso el de los ciudadanos que no pueden usar libremente la vía pública. La autoridades, sean municipales o estatales, tienen aquí una tarea pendiente.