ENTRE VERAS Y BROMAS
Para los propietarios de la casona de Pino Suárez y Reforma que acabó de desplomarse la madrugada del lunes, debió ser un alivio. Algo así como la muerte, al cabo de una agonía prolongada y fastidiosa para quienes rodean a quien la sufre. Para los tapatíos de pura cepa, en cambio, fue una pena...
-II-
Lo de menos es que el recuerdo de los últimos años de cierto esplendor, lejanos ya, de aquella finca por la que pululaban vagabundos y borrachitos que de acudir periódicamente al banco de sangre que ahí operaba habían hecho su “modus vivendi”, resulte nebuloso. La que debió ser, hace un siglo, una de las mansiones señoriales de la Guadalajara del porfiriato, llevaba décadas en el abandono. A despecho de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia la hubiera catalogado como “Inmueble de Valor Artístico Relevante”, la maldita realidad era diferente. Se trataba, para los biznietos de sus propietarios originales, de una construcción no sólo inhabitable sino inservible: como cientos más, contemporáneas suyas, inadecuadas por su ubicación, su distribución y sus dimensiones para seguir funcionando como viviendas. Inútiles asimismo para ganarse la vida por sí mismas como oficinas, restaurantes o comercios. Útiles --es un decir...--, si acaso, para ser transformadas en sórdidas oficinas burocráticas... o, peo
r aún, en seudomuseos de pacotilla, escasamente atractivos, como el de la Ciudad, el de las Ciudades Hermanas o el de las Artes Populares, entre otros.
-III-
Es lamentable que, como la finca de referencia, cientos más, en el llamado “Centro Histórico” de Guadalajara, estén condenadas al desuso, el abandono, la ruina y, al cabo, el colapso. Y todo por obra y gracia de una legislación obsoleta, inoperante, sostenida a rajatabla por supuestos legisladores incapaces de aplicar el sabio principio de que “las leyes se hicieron para servir a los hombres y no los hombres para servir a las leyes”, como decía Locke (Santo Tomás de Aquino definía la ley como “una norma que está de acuerdo con la razón y es dictada por un superior lícito para el bien común”)... y que le cuestan al pueblo --su esclavo, en último análisis-- como si le fueran de alguna utilidad.
Para los propietarios de la casona de Pino Suárez y Reforma que acabó de desplomarse la madrugada del lunes, debió ser un alivio. Algo así como la muerte, al cabo de una agonía prolongada y fastidiosa para quienes rodean a quien la sufre. Para los tapatíos de pura cepa, en cambio, fue una pena...
-II-
Lo de menos es que el recuerdo de los últimos años de cierto esplendor, lejanos ya, de aquella finca por la que pululaban vagabundos y borrachitos que de acudir periódicamente al banco de sangre que ahí operaba habían hecho su “modus vivendi”, resulte nebuloso. La que debió ser, hace un siglo, una de las mansiones señoriales de la Guadalajara del porfiriato, llevaba décadas en el abandono. A despecho de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia la hubiera catalogado como “Inmueble de Valor Artístico Relevante”, la maldita realidad era diferente. Se trataba, para los biznietos de sus propietarios originales, de una construcción no sólo inhabitable sino inservible: como cientos más, contemporáneas suyas, inadecuadas por su ubicación, su distribución y sus dimensiones para seguir funcionando como viviendas. Inútiles asimismo para ganarse la vida por sí mismas como oficinas, restaurantes o comercios. Útiles --es un decir...--, si acaso, para ser transformadas en sórdidas oficinas burocráticas... o, peo
r aún, en seudomuseos de pacotilla, escasamente atractivos, como el de la Ciudad, el de las Ciudades Hermanas o el de las Artes Populares, entre otros.
-III-
Es lamentable que, como la finca de referencia, cientos más, en el llamado “Centro Histórico” de Guadalajara, estén condenadas al desuso, el abandono, la ruina y, al cabo, el colapso. Y todo por obra y gracia de una legislación obsoleta, inoperante, sostenida a rajatabla por supuestos legisladores incapaces de aplicar el sabio principio de que “las leyes se hicieron para servir a los hombres y no los hombres para servir a las leyes”, como decía Locke (Santo Tomás de Aquino definía la ley como “una norma que está de acuerdo con la razón y es dictada por un superior lícito para el bien común”)... y que le cuestan al pueblo --su esclavo, en último análisis-- como si le fueran de alguna utilidad.