El precio de los energéticos en México se convirtió en un instrumento de política económica, desde los tiempos en que el combate contra la inflación se materializó mediante los Pactos de Solidaridad Económica en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. De entonces a la fecha, estos precios han quedado preestablecidos con alzas mensuales moderadas que sirven como un ancla contra la inflación.
Hoy en día, que los mercados energéticos internacionales se han disparado, los precios de nuestros combustibles son considerablemente inferiores a los que rigen en el exterior, y esto ha causado serias críticas, como las de algunos funcionarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que consideran que este subsidio genera distorsiones en la economía y resulta muy costoso para las finanzas públicas, haciendo a México más vulnerable por malgastar recursos públicos en ayudar a consumidores que debieran ser más racionales con los altos precios.
Efectivamente, mientras un precio no refleje la realidad que se vive en los mercados que lo originan, las distorsiones son inevitables y esto no se puede ocultar. El hecho de que recientemente se haya dado a conocer que no existen excedentes petroleros, pese al precio récord del oro negro, deja claro que no se han llevado a cabo los ajustes necesarios para mantener saludables las finanzas públicas.
Como es lógico, el Gobierno mexicano ha pretendido contener la presión inflacionaria que ejercen los mercados de alimentos y materias primas, mediante el control de precios de los energéticos; sin embargo, esto implica pagar más caras las gasolinas importadas que el precio neto que recibe Petróleos Mexicanos cuando se la vende al consumidor, y como un juego de “suma cero”, el dinero que sale por esa vía debe provenir de alguna otra, es decir, los ingresos adicionales que produce el petróleo caro ayudan para pagar las costosa importaciones de productos refinados.
Con lo que se ha politizado todo el tema petrolero a raíz de la reforma energética, hacer cualquier cambio a los precios o las normas establecidas tiene un enorme costo social y político que ningún gobernante se quiere echar a cuestas, lo cual hace pensar que quienes llevan las riendas del país han evaluado qué les conviene más: disponer de los excedentes para un subsidio que distorsiona algunos mercados pero no pone la inflación fuera de control, o mantener al pueblo relativamente tranquilo asumiendo el riesgo de no mandar fondos adicionales a los presupuestos estatales.
La decisión ha quedado clara y los subsidios han resultado favorecidos, aunque no les parezca a los economistas. Esto traerá consecuencias, que se estima sean menores que las que traería una mayor inflación y su descontento social.
Habrá que tener claro que en la economía todo se acaba pagando, y las distorsiones que hoy nos parecen menores, tarde o temprano saldrán a relucir. Tristemente, mientras más nos tardemos en alinear toda la política energética a las circunstancias que privan hoy en el mundo, más trabajo nos costará ponernos al día.
Hoy en día, que los mercados energéticos internacionales se han disparado, los precios de nuestros combustibles son considerablemente inferiores a los que rigen en el exterior, y esto ha causado serias críticas, como las de algunos funcionarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que consideran que este subsidio genera distorsiones en la economía y resulta muy costoso para las finanzas públicas, haciendo a México más vulnerable por malgastar recursos públicos en ayudar a consumidores que debieran ser más racionales con los altos precios.
Efectivamente, mientras un precio no refleje la realidad que se vive en los mercados que lo originan, las distorsiones son inevitables y esto no se puede ocultar. El hecho de que recientemente se haya dado a conocer que no existen excedentes petroleros, pese al precio récord del oro negro, deja claro que no se han llevado a cabo los ajustes necesarios para mantener saludables las finanzas públicas.
Como es lógico, el Gobierno mexicano ha pretendido contener la presión inflacionaria que ejercen los mercados de alimentos y materias primas, mediante el control de precios de los energéticos; sin embargo, esto implica pagar más caras las gasolinas importadas que el precio neto que recibe Petróleos Mexicanos cuando se la vende al consumidor, y como un juego de “suma cero”, el dinero que sale por esa vía debe provenir de alguna otra, es decir, los ingresos adicionales que produce el petróleo caro ayudan para pagar las costosa importaciones de productos refinados.
Con lo que se ha politizado todo el tema petrolero a raíz de la reforma energética, hacer cualquier cambio a los precios o las normas establecidas tiene un enorme costo social y político que ningún gobernante se quiere echar a cuestas, lo cual hace pensar que quienes llevan las riendas del país han evaluado qué les conviene más: disponer de los excedentes para un subsidio que distorsiona algunos mercados pero no pone la inflación fuera de control, o mantener al pueblo relativamente tranquilo asumiendo el riesgo de no mandar fondos adicionales a los presupuestos estatales.
La decisión ha quedado clara y los subsidios han resultado favorecidos, aunque no les parezca a los economistas. Esto traerá consecuencias, que se estima sean menores que las que traería una mayor inflación y su descontento social.
Habrá que tener claro que en la economía todo se acaba pagando, y las distorsiones que hoy nos parecen menores, tarde o temprano saldrán a relucir. Tristemente, mientras más nos tardemos en alinear toda la política energética a las circunstancias que privan hoy en el mundo, más trabajo nos costará ponernos al día.