La semana que terminó se dieron varias informaciones de resonancia periodística sobre el tema del transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), ese viejo y latoso dolor de cabeza que nos ha traído a mal traer a los tapatíos.
Un terreno de polémica es el megaproyecto que impulsa el Gobierno del Estado para el denominado Macrobús. Resulta que un transportista interpuso un amparo ante un juzgado porque consideró que las autoridades lo dejaron fuera de la licitación “a la mala” y para favorecer a otra empresa con la concesión de la primera ruta que irá por la Calzada Independencia.
Como el juez le concedió el amparo en primera instancia, el Gobierno se ha inconformado, lo mismo que la empresa beneficiaria de la concesión. Ahí están, en los tribunales. Para los ciudadanos de a pie, lo importante es saber si contaremos por fin con un servicio de transporte a la medida de las necesidades de la ZMG, que ya está asfixiada por tanto carro que circula todos los días por calles y avenidas, convirtiendo en un calvario el desplazamiento de un punto a otro.
En el otro plano el tema es la tarifa del transporte, que en marzo pasó de 4.50 a cinco pesos, por decreto del gobernador del Estado. La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) exigió que se realizara un referéndum para que la ciudadanía dijera si estaba o no de acuerdo con pagar 50 centavos más por subirse a un camión, trolebús o tren ligero.
Las cosas se enredaron en el Instituto Electoral (que en el trayecto hasta cambió de nombre y ya tiene dos consejeros menos) y éste acaba de ordenar, por instrucciones del Tribunal Electoral, que se suspenda el alza. El Gobierno ya dijo que no dará marcha atrás.
El caso es que, ahora que estamos en un momento clave para acercarnos a un mejor transporte público, moderno, rápido y eficiente, los enredos jurídicos amenazan con paralizar las cosas. Está bien que se aplique la ley, pero que no se frene el avance de la ciudad con artimañas… ni de un lado ni del otro.