El asesinato del coordinador de la Policía Federal Edgar Millán era una muerte anunciada.
Exactamente hace un año, en este espacio hablamos de las consecuencias del asesinato de José Nemesio Lugo Félix, que en su momento era el funcionario de más rango, asesinado por el crimen organizado.
Hace un año su servidora señalaba que: “A menos que suceda algo contundente me temo que el asesinato de Nemesio será tratado igual que todas las ejecuciones de este año... En otras palabras, si no sucede nada impactante, a estos asesinatos no se les dará la prioridad que merecen para asegurar que los asesinos materiales e intelectuales sean juzgados y castigados. El Gobierno y la sociedad civil parecen no entender aún que hasta que se detengan las ejecuciones de funcionarios encargados del ejercicio de la Ley en este país, la violencia por parte de las mafias y las organizaciones del crimen organizado continuará, probablemente incrementará. El escalamiento de las ejecuciones de funcionarios públicos es un indicio claro de que las organizaciones criminales no temen a las autoridades”. (“El Flanco Débil”, 18 de mayo, 2008).
La muerte de Millán reconfirma que estos criminales continúan sin tener miedo y que poco o nada se ha hecho para mejor proteger a funcionarios no sólo a nivel federal, sino también en los estados y municipios.
Ante la muerte de estos funcionarios hay que hacer las siguientes preguntas: ¿Por qué Lugo Félix transitaba en un carro que no estaba blindado? ¿Con las amenazas que enfrentaba, porqué vivía Millán en uno de los barrios más peligrosos del DF? Y aunque todos los expertos señalan que es extremadamente difícil de detener un comando de sicarios decididos a matar a un funcionario, tampoco se le puede poner a sus víctimas en bandeja de plata. Además de la cultura de impunidad que permea al país, en donde estos criminales no le temen a las autoridades, otra parte del problema parecería ser que no existen protocolos de seguridad para funcionarios y policías que corren grandes riesgos debido a su puesto.
A diferencia de las Fuerzas Armadas alrededor del mundo, incluyendo México, éstos han entendido la importancia de imponer protocolo de seguridad a sus efectivos, entre otras razones porque cada vez que les matan a uno de ellos, esto se percibe como una señal de debilidad. El otro problema parecería ser que no se ha invertido los recursos necesarios. Estos protocolos, y recursos no se han invertido en la seguridad de policías, ministerio públicos y jueces.
También hay un problema de recursos. Proporcionar seguridad cuesta. Y es aquí donde hay una contradicción en la estrategia del Gobierno de México y su cooperación con los Estados Unidos. El embajador del país del Norte, Tony Garza hizo público sus condolencias por el asesinato de Millán, usando su muerte para hace un llamado a los congresistas estadounidenses para que aprueben la “Iniciativa Mérida”.
La pregunta es cuánto de los recursos de esta iniciativa proporcionan seguridad a los funcionarios que tienen la responsabilidad de implementar esta estrategia. Durante las discusiones iniciales del ASPAN, hubo en su momento un planteamiento de México por un plan trilateral de seguridad México-Estados Unidos y Canadá, para los funcionarios encargados de la persecución del delito organizado. Hasta el momento nadie sabe cuáles son esas medidas. Ante criminales trasnacionales se requieren soluciones internacionales, incluyendo la protección de funcionarios.
Hoy día existen redes internacionales bastante sofisticados para proteger a promotores de derechos humanos y a periodistas. Redes que son en su mayoría coordinadas por la sociedad civil. Cuando un periodista u activista es amenazada, universidades, ONG, instituciones, y personas privadas buscan mecanismos para proteger a los que corren peligro. Un mecanismo similar no existe para los que procuran justicia en este país. Porque simple y llanamente no es una prioridad...
Retomo las interrogantes plasmadas en este espacio hace un año ante la muerte de Nemesio Lugo Félix: “¿Cuántos avisos de recompensas hemos visto para quien dé información que lleve a la captura de estos asesinos de policías? ¿A cuántos sospechosos hemos visto en los listados de los más buscados? ¿Cuántas unidades especiales se han creado para dar seguimiento a los crímenes contra funcionarios, policías y militares? ¿En cuánto se han incrementado los recursos disponibles para perseguir a estos delincuentes? ¿Cuántos funcionarios más tendrán que morir y hasta qué nivel antes de que se entienda que parar la masacre y tortura de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en México tiene que ser la prioridad?”.
ANA MARÍA SALAZAR/ Analista política.
www.anamariasalazar.com