La consulta popular en materia energética es legal, porque la Constitución desde 1983, en el tercer párrafo del Artículo 26, la considera dentro del marco del “sistema nacional de planeación democrática”. Además, está respaldada en unas 22 constituciones locales mexicanas que establecen mecanismos de democracia semi-directa: la consulta pública, el plebiscito y el referendo.
La consulta es el método democrático por excelencia en la mayor parte de los países europeos del siglo XXI, ya que compensa las limitaciones del sistema representativo con sus mecanismos de democracia semi-directa. Además, en esta ocasión la mayoría de los mexicanos desea participar en ella, como lo demuestran las encuestas, incluyendo a las que elaboran las compañías vinculadas al Gobierno; por ejemplo, la GEA-ISA del 28 de mayo muestra que 78% de los ciudadanos la aprueba.
La consulta es además imprescindible, porque los legisladores carecen de mandato popular para desincorporar al petróleo de la soberanía y del patrimonio nacionales. En las elecciones de 2006 ninguno de los partidos y candidatos que ahora auspician la privatización propusieron tal desincorporación, y al no aparecer en sus plataformas electorales, se carece del mandato popular para tomar esa medida.
Habrá que recordar que un amplio sector de la población tiene dudas razonables y fundadas acerca de la representatividad del Congreso, surgido de unas elecciones poco claras en 2006, a consecuencias de las cuales el PAN está sobrerrepresentado. Además, es creciente la certeza de que las grandes corporaciones y el Gobierno están recurriendo a prácticas de corrupción y de amedrentamiento para someter a los legisladores.
Por otra parte, Felipe Calderón impulsa una hiperactiva campaña de desinformación que evita la transparencia de la información en Petróleos Mexicanos (Pemex) y miente constantemente incurriendo en contradicciones; por ejemplo, argumenta que sus iniciativas no son “privatizadoras” para luego, en un arrebato, lamentarse de la oposición a sus propuestas, cuando asegura que “hasta los chinos están privatizándolo todo”. (“La Jornada”, 04/06/08).
Además, la consulta se hace necesaria por las evidencias, a la vista de todos, de que numerosos funcionarios asociados a los intereses de las corporaciones transnacionales actúan como parte interesada en la privatización, en un escenario de corrupción generalizada como es el inocultable ejemplo de Juan Camilo Mouriño. Ante la intervención y gestoría de estos funcionarios, el Congreso de la Unión se encuentra legalmente impotente para detenerlos.
Antes estas razones y el hecho de que el pueblo mexicano es socio mayoritario de Pemex, la consulta popular debe realizarse, porque de aprobarse estos cambios sin consenso, se generaría en el país un escenario de absoluta inseguridad jurídica. Las corporaciones extranjeras invertirían en un contexto de ilegalidad y de violación al marco constitucional que daría a los socios mayoritarios y a futuros gobiernos, el derecho de actuar contra ellas.
Una vez que la Constitución (Art. 39) asegura que el pueblo es soberano de origen, deja sin validez cualquier otra consideración. Los privatizadores del Gobierno repiten de manera mecánica que el pueblo es ignorante y que la consulta carece de sustento legal, que el mecanismo es dilatorio, costoso y que descarrila las intenciones de Calderón, es decir, se oponen sin argumentos a la procedencia de una consulta que es voluntad soberana de los mexicanos.
MARTHA GONZÁLEZ ESCOBAR / Divulgadora científica. UdeG.
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