Aunque ya no deberíamos asombrarnos, no deja de llamar la atención el nulo respeto que los señores diputados sienten hacia la ciudadanía. En otros tiempos y lugares la palabra diputado expresaba no un ser sino un “hacer”; el diputado “hacía las veces” de la comunidad a la cual representaba, no las del partido que lo había propuesto.
Por lo mismo la sociedad elegía como diputados a personas que reuniesen, principalmente, la capacidad para defender los intereses de sus representados, capacidad tanto intelectual como práctica, servicio que exigía, por fuerza natural, de honestidad y altruismo. El diputado eventual o el permanente vivía en la mística del servicio a la sociedad, se preparaba intensamente para ello y buscaba el triunfo de las mejores causas, asunto en el que cifraba su honor y su premio; de ahí que estuviese siempre atento a la opinión de las personas, a sus necesidades y condiciones, a sus legítimas expectativas y desde luego a sus reclamos e inconformidades, incluso en nuestro país hubo diputados de este talante.
Pero desde el momento en que los partidos secuestraron a sus integrantes y pervirtieron la relación sociedad–funcionario público, sustituyéndola corruptamente por una relación partido–funcionario público, la cuestión política se convirtió en una trampa que al oxidarse se ha hecho más difícil de romper.
Desde esta realidad es fácilmente comprensible que para obligar a los diputados a entrar en razón se haga necesaria una controversia constitucional, ya que a los diputados no les importa en absoluto lo que opine la ciudadanía; si les importara ni siquiera se les habría ocurrido una reforma electoral tan ultrajante para la mayoría de los ciudadanos, mucho menos tener la osadía de defenderla ante un pueblo aplastado por la crisis económica en que vivimos.
Algunos analistas, no obstante, objetan el recurso a la suprema judicatura, porque lo consideran un signo del mal manejo político del Poder Ejecutivo ante el Congreso, y desde luego, ante los partidos, considerando que este tipo de judicializaciones ocurren cuando no se sabe negociar. ¿Y qué es lo que se está entendiendo por negociar? La palabra, de por sí mercantil, puede admitirse como sinónimo de un buen debate en el cual se discute la viabilidad de una propuesta y sus aspectos tanto negativos como positivos. Pero las “negociaciones” en la política mexicana son todo, menos un debate honesto y objetivo; frecuentemente se trata más bien de un toma y daca de intereses entre, por supuesto, partidos, no entre los intereses de los ciudadanos eventualmente contrapuestos. Por eso mismo, el recurso a la controversia tiene además la ventaja de impedir a los señores congresistas servirse de tales “negociaciones” que sólo han sido chantajes disimulados entre los poderes, o ventas de cochera donde se truecan favores
por favores.
De momento el segundo capítulo de este nuevo atraco del Congreso a la ciudadanía es de suspenso, ya que los señores de la suprema adujeron carecer de facultades en un tema en el cual sin embargo, ya se habían pronunciado anteriormente. Será que sus facultades son solamente para los estados de frontera.
ARMANDO GONZÁLEZ ESCOTO / Licenciado en Historia.