Este domingo en el Distrito Federal se realizará un ejercicio de participación ciudadana, que, con limitaciones operativas e institucionales, formalizará la opinión de un segmento importante de los mexicanos respecto a la múltiple modificación legal que pretenden hacer legisladores respecto al tema de la administración de uno de los dos recursos más valiosos de la nación: el petróleo, el otro es el pueblo de México.
La consulta ciudadana es una acción de democracia directa que irrita a los circuitos del poder formal porque sumará legitimidad a las acciones de resistencia civil pacífica que enfrentarán las pretensiones, si las hubiera, de quienes se dicen representantes de los ciudadanos que pretenden aprobar las reformas privatizadoras ahora maquilladas por el PRI.
La reforma propuesta por el PRI, consta de nueve iniciativas de ley de las cuales tres son nuevos cuerpos legales: la Ley Orgánica de Pemex, la Ley de la Comisión Nacional Reguladora del Petróleo y la Ley para el Financiamiento de la Transición Energética, y seis son proyectos de “reformas y adiciones” a la Ley Reglamentaria del artículo 27, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, a la Ley de Obras Públicas y Servicios y a la Ley de Adquisiciones. Para los efectos desmantelan a la empresa petrolera mexicana y crean en su lugar una industria petrolera en manos de consorcios privados con capital extranjero.
Estas iniciativas, redactadas sin tomar en cuenta el resultado de los foros del Senado, son impuestas al resto de los priistas, a quienes no se les preguntó su opinión, ni se convocó para discutir aspectos de la legislación cuando tienen en sus filas a los mejores jurisperitos del país. Con este gesto se deja sin proyecto histórico al partido, y a sus dirigentes los relega al papel de gatos de angora del gran capital, sin más función que hacerle el trabajo sucio al Gobierno formal. Todo ello a cambio de que se permita a los gobernadores de los estados “una tajada del pastel” a través de las llamadas “empresas espejo”.
Las nueve iniciativas priistas violan el principio del dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos, establecido en el 27, contravienen el principio de la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros, definido en el 28, olvidan el principio de la prohibición a las autoridades de otorgar concesiones ni contratos a los particulares, tratándose del petróleo establecido en el mismo 27, violan el principio que considera hidrocarburos y petroquímica básica como un área estratégica, establecido en el 25 y en el 28, y violentan el de que no pueden existir en el país entidades públicas ni privadas sometidas a un régimen jurídico “de excepción”, que sería el caso de las “empresas espejo”, a las que pretende entregarle las funciones de Pemex. Además no establecen mecanismos para combatir la corrupción en la paraestatal ni cambios en su administración.
La consulta popular que se verificará el domingo no pierde peso con este intento del PRI de confundir, sino que, al rechazarse con dos No rotundos la iniciativa del Ejecutivo, se fortalece la vía para rescatar a Pemex.
MARTHA GONZÁLEZ ESCOBAR / Divulgadora científica. UdeG.
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