El viernes 12 de diciembre, en plena fiesta guadalupana, en el Ayuntamiento de Guadalajara se produjo lo que las crónicas periodísticas suelen describir como “una sacudida”, toda vez que el alcalde, Alfonso Petersen Farah, anunció sorpresivamente que tres directores de área, es decir, tres funcionarios de su equipo más cercano, habían presentado sus “renuncias voluntarias”.
Cultura, Obras Públicas y Educación, todas ellas áreas fundamentales en una administración municipal, quedaron provisionalmente acéfalas, en un movimiento que se produce luego de varias semanas de ires y venires de denuncias por presuntos actos irregulares, vinculados a conductas de corrupción o de uso indebido de recursos públicos.
En Obras Públicas se habían hecho señalamientos de probables anomalías en asignaciones de contratos y de acciones ilícitas de algunos servidores públicos en lo que tenía que ver con otorgamiento de licencias; en Cultura, súbitamente se destapó lo que de inmediato fue descrito como una “red de aviadores” que operaba bajo la tutela de una directora dependiente de la titular de la cartera cultural municipal.
De Educación no se tenían noticias de que se hubieran gestado irregularidades como para que sobre esa línea de argumentación se presentara la dimisión de su responsable. Pero el caso es que, con todo y lo publicado acerca de Obras Públicas y Cultura, el alcalde ha dicho que los tres funcionarios no se van por haber incurrido en o solapado la corrupción, sino porque decidieron irse, si bien ha señalado a sus dependencias como incumplidas en cuanto a las metas que les exigía el Plan Municipal de Desarrollo.
Este triple movimiento que se ha producido en el Ayuntamiento tapatío, obliga a que de inmediato se haga patente que quienes se fueron pueden ser superados por funcionarios más competentes, y que los habitantes de Guadalajara vean reflejado esto en acciones que les brinden mejor calidad de vida mediante la aplicación de políticas públicas en esas materias.
Pero no bastará con eso. La autoridad municipal debe hacer un profundo ejercicio de transparencia y aplicación de la ley, para que si a las dimisiones deben seguirles sanciones por hechos u omisiones, eso se cumpla.