ENTRE VERAS Y BROMAS
Como se estila decir ahora: “¡Pero, ¿qué necesidad...?!”
—II—
La noticia, que cayó como llovida del cielo para darle vuelta a la página y cerrar —a reserva de que pudiera reabrirse más adelante— el tormentoso capítulo del “Caso Universidad de Guadalajara”, fue la detención, en Los Ángeles, de Jorge Vizcarra Mayorga. De entrada, una buena cantidad de ciudadanos tuvo que desempolvar, primero, y correr hacia atrás, después, los carretes de la memoria para recordar de quién se trataba. Vizcarra asumió la Presidencia Municipal de Tonalá el primero de enero de 2007. La mañana del 24 de abril, su director municipal de Mejoramiento Urbano —y compadre, además—, Carlos Romo Guízar, fue asesinado a las puertas de su propia casa. Las investigaciones condujeron a la detención de Ricardo Sigala Orozco, ex secretario general del Ayuntamiento, y al señalamiento del ex director de la Policía Municipal, Miguel Magaña Orozco, y del propio Vizcarra como presuntos autores intelectuales del crimen. Aferrado a su inocencia, Vizcarra se negó a renunciar a su cargo para facilitar las investigac
iones. La Procuraduría de Justicia promovió su desafuero. El Congreso del Estado ponderó los indicios de culpabilidad y declaró procedente el recurso para dar luz verde a la acción de la justicia. Horas después de emitirse formalmente la resolución en ese sentido, Vizcarra huyó. Inocente o culpable —eso está en su conciencia—, Vizcarra fue, desde el 21 de diciembre de 2007 hasta el pasado martes 2 de agosto, un prófugo de la justicia.
Más que a buscar, del propio Vizcarra o de sus allegados, una respuesta plausible a la pregunta obligada —“¿por qué huyó, si tan seguro estaba de su inocencia?”—, u otra, de los entendidos, acerca del beneficio o perjuicio jurídico resultantes de haber estado prófugo estos siete meses, se buscó la consabida declaración de algún funcionario... Y fue ahí que el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, mordió el anzuelo. “La aprehensión (de Vizcarra) —declaró— significa que no hay impunidad”. Y en el entendido de que hablaba para los bronces, puso la rúbrica: “No hay quien pueda escapar a la acción de la justicia”.
—III—
Lo dicho: “¡Pero, ¿qué necesidad...?!”.
Como se estila decir ahora: “¡Pero, ¿qué necesidad...?!”
—II—
La noticia, que cayó como llovida del cielo para darle vuelta a la página y cerrar —a reserva de que pudiera reabrirse más adelante— el tormentoso capítulo del “Caso Universidad de Guadalajara”, fue la detención, en Los Ángeles, de Jorge Vizcarra Mayorga. De entrada, una buena cantidad de ciudadanos tuvo que desempolvar, primero, y correr hacia atrás, después, los carretes de la memoria para recordar de quién se trataba. Vizcarra asumió la Presidencia Municipal de Tonalá el primero de enero de 2007. La mañana del 24 de abril, su director municipal de Mejoramiento Urbano —y compadre, además—, Carlos Romo Guízar, fue asesinado a las puertas de su propia casa. Las investigaciones condujeron a la detención de Ricardo Sigala Orozco, ex secretario general del Ayuntamiento, y al señalamiento del ex director de la Policía Municipal, Miguel Magaña Orozco, y del propio Vizcarra como presuntos autores intelectuales del crimen. Aferrado a su inocencia, Vizcarra se negó a renunciar a su cargo para facilitar las investigac
iones. La Procuraduría de Justicia promovió su desafuero. El Congreso del Estado ponderó los indicios de culpabilidad y declaró procedente el recurso para dar luz verde a la acción de la justicia. Horas después de emitirse formalmente la resolución en ese sentido, Vizcarra huyó. Inocente o culpable —eso está en su conciencia—, Vizcarra fue, desde el 21 de diciembre de 2007 hasta el pasado martes 2 de agosto, un prófugo de la justicia.
Más que a buscar, del propio Vizcarra o de sus allegados, una respuesta plausible a la pregunta obligada —“¿por qué huyó, si tan seguro estaba de su inocencia?”—, u otra, de los entendidos, acerca del beneficio o perjuicio jurídico resultantes de haber estado prófugo estos siete meses, se buscó la consabida declaración de algún funcionario... Y fue ahí que el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, mordió el anzuelo. “La aprehensión (de Vizcarra) —declaró— significa que no hay impunidad”. Y en el entendido de que hablaba para los bronces, puso la rúbrica: “No hay quien pueda escapar a la acción de la justicia”.
—III—
Lo dicho: “¡Pero, ¿qué necesidad...?!”.