México
Urgía protocolo de trato a detenidos: CNDH
Tras su emisión, llama ahora a capacitar en la materia a todos los elementos dedicados a tareas de seguridad pública
CIUDAD DE MÉXICO (23/ABR/2012).- La emisión del protocolo de seguridad para el trato a detenidos era una "deuda pendiente desde hace algunos años" y hubiera sido oportuno "hace algún tiempo", reconoció el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, al llamar ahora a capacitar en la materia a todos los elementos dedicados a tareas de seguridad pública.
"Es importante que haya surgido, aun cuando sea a fin de sexenio", dijo el ombudsman en referencia al protocolo, publicado este día en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero más importante aún es la capacitación de casi medio millón de elementos policiacos y fuerzas armadas que intervienen en políticas de seguridad, sin eso cualquier medida será insuficiente, valoró.
Entrevistado en el marco de la Clausura del Diplomado Derechos Humanos y Familia, en la Cámara de Diputados, Plascencia Villanueva estimó que la mejor medida para prevenir y evitar violaciones a los derechos humanos es la capacitación.
Pero esa tarea es todo un reto, dado que, explicó, "todavía existe un buen porcentaje de policías analfabetos, algunos otros que no cuentan con una formación suficiente", de ahí que probablemente no sea posible alcanzar el ideal sino hasta mediano o largo plazo, cuando surjan nuevas generaciones de policías y elementos de seguridad.
"Son importantes los protocolos en materia de seguridad y de uso de la fuerza, pero es mucho más importante que se capacite al personal y se respete el contenido de los mismos. Las quejas que ha recibido la Comisión tienen que ver con deficiencias en la capacitación, con un uso de la fuerza como práctica extendida que viola derechos humanos e implica la comisión de delitos".
El protocolo, presentado como una medida que coadyuvará a evitar violaciones a derechos humanos, reconoció Plascencia, sin embargo es un paso adelante.
"Es una deuda pendiente desde hace algunos años y que hubiera sido, quizá, más oportuno hace algún tiempo; sin embargo, es importante que haya surgido, aun cuando sea a fin de sexenio, con el objetivo de que se pueda llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, totalmente acorde a la ley y que no haya duda alguna de que el combatir la delincuencia no implica, en forma alguna, derecho para violentar a la sociedad en sus derechos humanos".
Ahora deberá trabajarse en educar, formar a los policías, y "estamos hablando de cerca de medio millón de servidores públicos que se desempeñan en tareas de seguridad pública. Esto implicaría un esfuerzo muy importante para educarlos, para hacerles entender cómo y cuáles son los límites del ejercicio de la fuerza y el deber que tienen también de aplicarla en algunos casos".
"Es importante que haya surgido, aun cuando sea a fin de sexenio", dijo el ombudsman en referencia al protocolo, publicado este día en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero más importante aún es la capacitación de casi medio millón de elementos policiacos y fuerzas armadas que intervienen en políticas de seguridad, sin eso cualquier medida será insuficiente, valoró.
Entrevistado en el marco de la Clausura del Diplomado Derechos Humanos y Familia, en la Cámara de Diputados, Plascencia Villanueva estimó que la mejor medida para prevenir y evitar violaciones a los derechos humanos es la capacitación.
Pero esa tarea es todo un reto, dado que, explicó, "todavía existe un buen porcentaje de policías analfabetos, algunos otros que no cuentan con una formación suficiente", de ahí que probablemente no sea posible alcanzar el ideal sino hasta mediano o largo plazo, cuando surjan nuevas generaciones de policías y elementos de seguridad.
"Son importantes los protocolos en materia de seguridad y de uso de la fuerza, pero es mucho más importante que se capacite al personal y se respete el contenido de los mismos. Las quejas que ha recibido la Comisión tienen que ver con deficiencias en la capacitación, con un uso de la fuerza como práctica extendida que viola derechos humanos e implica la comisión de delitos".
El protocolo, presentado como una medida que coadyuvará a evitar violaciones a derechos humanos, reconoció Plascencia, sin embargo es un paso adelante.
"Es una deuda pendiente desde hace algunos años y que hubiera sido, quizá, más oportuno hace algún tiempo; sin embargo, es importante que haya surgido, aun cuando sea a fin de sexenio, con el objetivo de que se pueda llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, totalmente acorde a la ley y que no haya duda alguna de que el combatir la delincuencia no implica, en forma alguna, derecho para violentar a la sociedad en sus derechos humanos".
Ahora deberá trabajarse en educar, formar a los policías, y "estamos hablando de cerca de medio millón de servidores públicos que se desempeñan en tareas de seguridad pública. Esto implicaría un esfuerzo muy importante para educarlos, para hacerles entender cómo y cuáles son los límites del ejercicio de la fuerza y el deber que tienen también de aplicarla en algunos casos".