México
Turnan iniciativas de justicia y seguridad a comisiones del Senado
Se pretende disminuir los recursos de la delincuencia y utilizar sus bienes o recursos para crear un fondo destinado a la reparación del daño de las víctimas de delitos, contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas
CIUDAD DE MÉXICO.- El
Senado de la República turnó a comisiones las
iniciativas presidenciales que crean la Ley de Extinción de Dominio y reforman legislaciones relacionadas con la justicia penal y seguridad pública.
De ser aprobadas las propuestas, el Estado podrá decomisar los bienes asegurados abandonados relacionados con la delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
La extinción de dominio, a diferencia del decomiso de bienes asegurados que causen abandono, es una figura distinta e independiente de la responsabilidad penal.
Se pretende disminuir los recursos de la delincuencia y utilizar sus bienes o recursos para crear un fondo destinado a la reparación del daño de las víctimas de delitos, contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
A su vez, la iniciativa de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales faculta a los policías a recibir denuncias, participar en la investigación de delitos, la detención de personas y el aseguramiento de bienes.
Además se establece el Registro Nacional de Detención, donde las autoridades deberán registrar de inmediato los casos para transparentar su actuación y sancionar actos arbitrarios o excesivos.
Las propuestas del Ejecutivo federal también incluyen las denuncias anónimas, para fomentar una mayor participación de la ciudadanía en la persecución de los delitos, que deberán ser investigadas por el Ministerio Público y la Policía.
De igual manera se regula la aportación de comunicaciones grabadas entre particulares como pruebas de delito para evitar abusos, por lo que se contempla que se cuente con el consentimiento expreso de las personas.
También se otorga valor jurídico a las pruebas obtenidas a través de recompensa, para agilizar la ejecución de órdenes de aprehensión y fortalecer la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
Se propone restringir a 40 días la aplicación del arraigo a los delitos graves y de delincuencia organizada, salvo cuando el Ministerio Público pida una prórroga hasta por 80 días, sin que se pueda rebasar este plazo.
De igual manera se modifica la Ley de Normas sobre Readaptación Social de los Sentenciados, para que los indiciados o sentenciados por delitos de delincuencia organizada sean recluidos en centros federales de máxima seguridad y de vigilancia especial.
Las iniciativas enviadas por el Presidente Felipe Calderón fueron turnadas a diversas comisiones del Senado de la República.
De ser aprobadas las propuestas, el Estado podrá decomisar los bienes asegurados abandonados relacionados con la delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
La extinción de dominio, a diferencia del decomiso de bienes asegurados que causen abandono, es una figura distinta e independiente de la responsabilidad penal.
Se pretende disminuir los recursos de la delincuencia y utilizar sus bienes o recursos para crear un fondo destinado a la reparación del daño de las víctimas de delitos, contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
A su vez, la iniciativa de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales faculta a los policías a recibir denuncias, participar en la investigación de delitos, la detención de personas y el aseguramiento de bienes.
Además se establece el Registro Nacional de Detención, donde las autoridades deberán registrar de inmediato los casos para transparentar su actuación y sancionar actos arbitrarios o excesivos.
Las propuestas del Ejecutivo federal también incluyen las denuncias anónimas, para fomentar una mayor participación de la ciudadanía en la persecución de los delitos, que deberán ser investigadas por el Ministerio Público y la Policía.
De igual manera se regula la aportación de comunicaciones grabadas entre particulares como pruebas de delito para evitar abusos, por lo que se contempla que se cuente con el consentimiento expreso de las personas.
También se otorga valor jurídico a las pruebas obtenidas a través de recompensa, para agilizar la ejecución de órdenes de aprehensión y fortalecer la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
Se propone restringir a 40 días la aplicación del arraigo a los delitos graves y de delincuencia organizada, salvo cuando el Ministerio Público pida una prórroga hasta por 80 días, sin que se pueda rebasar este plazo.
De igual manera se modifica la Ley de Normas sobre Readaptación Social de los Sentenciados, para que los indiciados o sentenciados por delitos de delincuencia organizada sean recluidos en centros federales de máxima seguridad y de vigilancia especial.
Las iniciativas enviadas por el Presidente Felipe Calderón fueron turnadas a diversas comisiones del Senado de la República.