México
Raúl Plascencia celebra posible reforma a la Corte
La reforma espera elevar a rango constitucional la protección de los derechos humanos y permitirá que el Congreso pueda llamar a cuentas a las autoridades
CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, celebró ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la reforma política que avanza en el Congreso de la Unión para quitarle al alto tribunal la atribución de investigar violaciones graves de garantías y dársela a la comisión que preside.
Entre otras cosas, la reforma espera elevar a rango constitucional la protección de los derechos humanos y permitirá que el Congreso pueda llamar a cuentas a las autoridades que no acaten las recomendaciones que emita la CNDH.
Al presentar su informe anual de labores ante la Corte, que en las últimas semanas han emitido sentencias que han mermado las atribuciones de la comisión, Plascencia dijo que la aprobación de esta reforma “representará un gran paso para la construcción de una verdadera política de Estado en materia de derechos humanos”.
Tras su informe, dijo en entrevista que la reforma evitará que se den interpretaciones jurídicas que compliquen la defensa de los derechos humanos y se tendrán herramientas para hacer cumplir recomendaciones como las que eludió, por ejemplo, el procurador General de la República en el caso de las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, quienes están acusadas de secuestrar a seis agentes de la extinta AFI, y que “se encuentran en prisión injustamente”.
Entre otras cosas, la reforma espera elevar a rango constitucional la protección de los derechos humanos y permitirá que el Congreso pueda llamar a cuentas a las autoridades que no acaten las recomendaciones que emita la CNDH.
Al presentar su informe anual de labores ante la Corte, que en las últimas semanas han emitido sentencias que han mermado las atribuciones de la comisión, Plascencia dijo que la aprobación de esta reforma “representará un gran paso para la construcción de una verdadera política de Estado en materia de derechos humanos”.
Tras su informe, dijo en entrevista que la reforma evitará que se den interpretaciones jurídicas que compliquen la defensa de los derechos humanos y se tendrán herramientas para hacer cumplir recomendaciones como las que eludió, por ejemplo, el procurador General de la República en el caso de las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, quienes están acusadas de secuestrar a seis agentes de la extinta AFI, y que “se encuentran en prisión injustamente”.